LIBRO III De la Gestión de los Conocimientos

De Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento
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Contenido

Título I: Principios y disposiciones generales

Capítulo I: Principios generales

Artículo 81.- Derechos intelectuales.- Comprenden principalmente a la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad.


A las otras modalidades existentes, este Código les garantiza protección contra la competencia desleal.


Artículo 82.- Excepción al dominio público.- Los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al conocimiento como bien de dominio público y responderán a la función y responsabilidad social de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley. La propiedad intelectual podrá ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.


Artículo 83.- De la adquisición y ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual.- Se entiende por adquisición a la existencia o concesión de derechos y por ejercicio al alcance, mantenimiento y observancia de los mismos. Cuando corresponda, la adquisición comprenderá también la transferencia hecha por cualquier acto y título.

La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual estarán supeditados al goce y ejercicio efectivo del derecho a la salud y nutrición, a la educación, a la información, de acceso a la cultura y a participar en el progreso científico, así como, al derecho a desarrollar actividades económicas, la libertad de trabajo, acceder a bienes y servicios de calidad y al derecho a las otras formas de propiedad, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

Dicha adquisición y ejercicio también estarán supeditados a la promoción de la innovación social y a la transferencia y difusión del conocimiento, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.


Artículo 84.- Finalidades de la propiedad intelectual.- Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la transferencia tecnológica y al acceso al conocimiento y la cultura, a la innovación, así como a reducir la dependencia cognitiva.


Artículo 85.- Tipología de la propiedad intelectual.- Los derechos de propiedad intelectual comprenden principalmente a los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales.


Artículo 86.- Tipología de bienes.- LPara los efectos del presente Código, en función de los derechos de propiedad intelectual que les son aplicables, se establece la siguiente tipología de bienes:

  1. Bienes que garantizan derechos fundamentales;
  2. Bienes relacionados con los sectores estratégicos;
  3. Bienes relacionados a la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; y,
  4. Los demás bienes.


Artículo 87.- Bienes que garantizan derechos fundamentales.- Los bienes que garantizan derechos fundamentales y que se encuentren protegidos por derechos de propiedad intelectual, son de interés público y gozarán de un tipo de protección que permita satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, para lo cual, sin perjuicio del uso de limitaciones y excepciones a los derechos, se permitirán otros usos sin autorización del titular de conformidad con lo establecido en este Código y en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte.


Lo dispuesto en el párrafo precedente será aplicable también para los derechos que recaigan sobre la información no divulgada y los datos de prueba, sobre productos farmacéuticos y químico- agrícolas.


Artículo 88.- Bienes relacionados con los sectores estratégicos.- Las modalidades de propiedad intelectual relacionadas con los sectores estratégicos son de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país, por lo que gozarán de un tipo de protección que permita al Estado acceder a la materia protegida, por razones de interés público, interés social o nacional, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.


De igual forma, atendiendo las circunstancias propias de cada caso y previo acuerdo entre las partes, el Estado podrá acceder a la información no divulgada, relacionada con los sectores estratégicos, en la medida que se otorguen todas las garantías previas para que la misma se mantenga en reserva.


Solo se podrá acceder a la materia protegida referida en los párrafos precedentes cuando se trate de derechos de propiedad intelectual o información no divulgada de titularidad de los contratistas, beneficiarios de la concesión o prestadores de servicios.


En todos estos casos, los titulares recibirán una compensación, ya sea a título de regalía o como una de las contraprestaciones para la concesión o la contratación de prestación de servicios en estos sectores.


El Estado podrá acceder a cualquier otra información no protegida que se genere a partir de contratos en los que sea parte. Se deberá incorporar la obligación de compartir dicha información con el Estado en todos los contratos.


Artículo 89.- Conocimiento generado a partir de la biodiversidad.- El Estado participará en la titularidad de las modalidades de propiedad intelectual y otros derechos que recaigan sobre procedimientos y productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de la biodiversidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución. De igual forma, participará en los beneficios resultantes de la explotación económica de estos procedimientos y productos, sin perjuicio de su protección mediante derechos de propiedad intelectual.


Artículo 90.- Acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales.- Respecto a los conocimientos tradicionales, asociados o no a la biodiversidad, será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente en beneficio de los legítimos poseedores, quienes, como mínimo, participarán equitativamente al aporte de su conocimiento tradicional de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte y la normativa nacional sobre la materia.


Artículo 91.- Limitaciones y excepciones.- Los derechos y beneficios que resulten de las limitaciones y excepciones establecidas en el presente Libro son irrenunciables. Cualquier estipulación en contrario será nula.


Artículo 92.- Otras limitaciones a los derechos de propiedad intelectual.- La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se encuentra limitado por las disposiciones de este Código y las disposiciones aplicables en materia de acceso a recursos biológicos y genéticos y conocimientos tradicionales, protección del consumidor y del ambiente, prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal, según corresponda.


Capítulo II: Disposiciones generales

Artículo 93.- Trato Nacional.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador, salvo condiciones necesarias establecidas en la legislación nacional para el ejercicio de estos derechos. Para los efectos de este Código, los apátridas serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.


Artículo 94.- De los titulares sin domicilio en el país.- Los solicitantes o titulares del registro de un derecho de propiedad industrial o un certificado de obtentor vegetal que no tuvieren su domicilio en el Ecuador, deberán tener un apoderado domiciliado en el país con poder suficiente inscrito ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, en especial, para contestar peticiones, acciones y demandas. Cualquier cambio en los mencionados poderes deberá inscribirse ante dicha autoridad dentro del plazo que determine el reglamento.


La misma obligación se aplicará a los titulares de derechos de autor y derechos conexos no residentes en el país.


Artículo 95.- Obligatoriedad de inscripción.- Toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trámite, deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción.


Los requisitos y formalidades para las transferencias, autorizaciones de uso o licencias se regularán en el reglamento respectivo.


Título II: De los derechos de autor y los derechos conexos

Capítulo I: Ámbito

Artículo 96.- Reconocimiento y concesión de los derechos.- Se reconocen, conceden y protegen los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras, así como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en los términos del presente Título.


Capítulo II: Generalidades

Artículo 97.- Adquisición y ejercicio de los derechos de autor.- La adquisición y ejercicio de los derechos deautor y de los derechos conexos no están sometidos a registro o depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.


Los derechos reconocidos y concedidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra o prestación.


Capítulo III: De los derechos de autor

Sección I: Preceptos generales

Artículo 98.- De los derechos de autor.- Los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra.


La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra.


Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una idea sólo tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta a protección.


No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.


Artículo 99.- Protección acumulada.- El derecho de autor es independiente y compatible con:


  1. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,
  2. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por este Título.

No obstante, los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra no afectarán las utilizaciones de la misma cuando pase al dominio público.


Sección II: Objeto

Artículo 100.- Obras susceptibles de protección.- La protección reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse.


Las obras susceptibles de protección comprenden, entre otras, las siguientes:


  1. Las obras expresadas en libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;
  2. Colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales originales, sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre las obras, materiales, información o datos;
  3. Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales;
  4. Composiciones musicales con o sin letra;
  5. Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales;
  6. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas;
  7. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;
  8. Ilustraciones, gráficos, mapas, croquis y diseños relativos a la geografía, la topografía y, en general, a la ciencia;
  9. Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;
  10. Obras de arte aplicado, en la medida en que su valor artístico pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;
  11. Obras remezcladas, siempre que, por la combinación de sus elementos, constituyan una creación intelectual original; y,
  12. Software.


Artículo 101.- Obras derivadas.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria, se protegen como obras derivadas las adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra en la medida en que la obra derivada sea original y que haya contado con la autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria o haya sido desarrollada conforme a las limitaciones y excepciones establecidas en este Código.


Artículo 102.- De las creaciones basadas en las expresiones culturales .- Las creaciones o adaptaciones basadas en las tradiciones y prácticas ancestrales, expresadas en grupos de individuos que reflejan las expresiones de las comunidades, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional para la protección de las expresiones en contra de su explotación ilícita, así como los principios básicos de los derechos colectivos.


Artículo 103.- Materia no protegible.- No son objeto de protección las disposiciones legales y reglamentarias, los proyectos de ley, las resoluciones judiciales, los actos, decretos, acuerdos, resoluciones, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, y los demás textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como sus traducciones oficiales.


Tampoco son objeto de protección los discursos políticos ni las disertaciones pronunciadas en debates judiciales. Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en este inciso con sujeción a lo dispuesto en la Sección VII de este Libro.

Sección III: Titulares de los derechos

Artículo 104.- Titulares de derechos.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una obra, de conformidad con el presente Título.


Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 1971.


Artículo 105.- Obras de autores indeterminados.- Para el caso de obras creadas en comunidades de pueblos y nacionalidades en las que no se puede identificar la autoría individual de la obra y que no se encontraren en alguna de las categorías mencionadas en esta Sección, la titularidad de los derechos corresponderá a la comunidad, dejando a salvo su derecho de autodeterminación.


Artículo 106.- Presunción de la titularidad de una obra.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado, de la manera usual, en la obra.


También se presumirá autor o titular de los derechos de autor a la persona a cuyo nombre figure la inscripción en el registro de derechos de autor ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Artículo 107.- Administración de los derechos de autor.- El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, según el caso, y podrá ser administrado libremente por el autor, su cónyuge o conviviente o su derechohabiente. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, según el caso.


Artículo 108.- De las obras en colaboración.- En la obra en colaboración divisible, salvo pacto en contrario, cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de la que es autor.


En la obra en colaboración indivisible, salvo pacto en contrario, los derechos pertenecen en común y proindiviso a los coautores. Cada coautor, salvo pacto en contrario, podrá explotar la obra sin el consentimiento de los demás, siempre que no perjudique a la explotación normal de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los beneficios económicos obtenidos de la explotación previa deducción de los gastos efectuados y de un porcentaje del veinte por ciento de dichos beneficios a su favor. Este porcentaje se entenderá sin perjuicio de la participación que le corresponda al respectivo coautor por su cuota.


Artículo 109.- De las obras colectivas.- Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, coordinado y dirigido la obra.


Salvo pacto en contrario, los autores conservarán sus derechos respecto de sus aportes que puedan ser explotados de manera independiente, siempre que lo hagan de buena fe y no se perjudique injustificadamente la explotación normal de la obra colectiva.


Se presumirá que ha organizado, coordinado y dirigido la obra la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la misma


Artículo 110.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centro educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.


Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el párrafo precedente, el establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización de los titulares y notificación a los autores en caso de que se traten de distintas personas. En cuyo caso corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento de los beneficios económicos resultantes de esta explotación. El mismo beneficio se aplicará a los autores que hayan transferido sus derechos a instituciones de educación superior o centros educativos.


El derecho contemplado en el párrafo precedente a favor de los autores es irrenunciable y será aplicable también en el caso de obras realizadas dentro de institutos públicos de investigación.


Artículo 111.- Obras bajo relación de dependencia y por encargo.- Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente Título, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al autor.


Asimismo, salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente Título, en las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no se perjudique injustificadamente a la explotación normal que realice el comitente.


En cualquiera de los casos, el autor o autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra, de forma individual o a prorrata, según el caso.


Este derecho será aplicable aún en los casos de transferencia o transmisión de la titularidad de la obra creada bajo dependencia laboral y por encargo.


Artículo 112.- De las obras anónimas.- En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad.


Sección IV: Contenido del derecho de autor

Parágrafo Primero: De los derechos morales

Artículo 113.- De los derechos morales.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:


  1. Conservar la obra inédita o divulgarla;
  2. Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, y exigir que se mencione o se excluya su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada cuando lo permita el uso normal de la obra;
  3. Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que atente contra el decoro de la obra, o el honor o la reputación de su autor; y,
  4. Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuyo soporte se encuentre en posesión o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Este último derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al legítimo poseedor o propietario, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.


Los derechos mencionados en los literales b y d tendrán el carácter de imprescriptibles. Una vez cumplido el plazo de protección de las obras, los derechos contemplados en los literales a y c, no serán exigibles frente a terceros.


Artículo 114.- Derechos de los causahabientes.- A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales, conforme las disposiciones aplicables en cada tipo de obra o prestación.


Parágrafo Segundo: De los derechos patrimoniales

Artículo 115 .- Prohibiciones a terceros.- El autor o su derechohabiente tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:


  1. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
  2. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
  3. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
  4. La importación de copias hechas sin autorización del titular, de las personas mencionadas en el artículo 121 o la Ley; y,
  5. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.


Artículo 116.- Reproducción de una obra.- Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.


Artículo 117.- Comunicación pública.- Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, y en el momento en que individualmente decidan, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. En especial, se encuentran comprendidos los siguientes actos:

  1. Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;
  2. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;
  3. La emisión de cualesquier obras por radiodifusión, televisión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de palabras, signos, sonidos o imágenes. En este concepto, se encuentra asimismo comprendida la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;
  4. La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar, sea o no mediante abono;
  5. La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;
  6. La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida o televisada;
  7. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;
  8. La puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos; y,
  9. En general, la difusión pública, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de palabras, signos, sonidos o imágenes.

Se considerará pública toda comunicación que exceda del ámbito privado.


Artículo 118.- Distribución de la obra.- Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante venta u otra transferencia de la propiedad, arrendamiento o alquiler.


Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición del original o copias de una obra para su uso por tiempo limitado a cambio del pago de un canon o precio. Quedan excluidas del concepto de alquiler, para los fines de este artículo, la puesta a disposición con fines de exposición y las que se realicen para consulta in situ.


No se considerará que existe arrendamiento de una obra cuando ésta no sea el objeto esencial del contrato. Así, el autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el propietario arriende la construcción o cosa que incorpora la obra.


Artículo 119.- El derecho de distribución y el agotamiento del derecho.- El derecho de distribución mediante venta u otra transferencia de la propiedad se agota con la primera venta u otra forma de transferencia de la propiedad del original o copias después de que se hubiesen introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello. Este derecho se agota respecto de las sucesivas reventas dentro del país o el extranjero, pero no se agota ni afecta el derecho exclusivo para impedir el arrendamiento de los ejemplares vendidos.


A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la obra o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Artículo 120.- Importación de obras sin autorización.- El derecho de importación confiere al titular la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano de copias de la obra hechas sin autorización del titular, de las personas mencionadas en el artículo anterior o la ley. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso de dichas copias en puertos y fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado.


Este derecho no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje de los viajeros.


Parágrafo Tercero: De las medidas tecnológicas para la gestión y protección de derechos

Artículo 121.- Medidas tecnológicas.- Los titulares de derechos de autor o derechos conexos, podrán establecer medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, respecto de sus obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos conexos, que restrinjan actos no autorizados por los titulares o establecidos en la legislación.


Artículo 122.- Prohibición.- Se prohíbe realizar cualquier acto que tenga como finalidad inducir, permitir, facilitar u ocultar la infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente título.


En especial, se prohíbe lo siguiente:


  1. Suprimir o alterar sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; y,
  2. Distribuir, importar para su distribución, emitir, o comunicar al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de obras, o que aparece en relación con una comunicación al público de una obra, que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de autor o derecho conexo, o la información acerca de los términos y condiciones de utilización de la obra o prestación, así como los números y códigos que representan dicha información.


Artículo 123.- Obligaciones de los titulares de los derechos.- Será obligación de los titulares de los derechos respectivos sobre obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos conexos que incorporen las medidas tecnológicas de que trata este Parágrafo proporcionar bajo condiciones oportunas los medios, sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas a los usuarios que requieran hacer uso únicamente de obras en el dominio público o ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título.


En caso contrario, los mencionados medios, sistemas, dispositivos o servicios que permitan neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas podrán ser adquiridos de terceros, o facilitados o prestados por estos, sin responsabilidad alguna para dichos terceros ni para los beneficiarios de las limitaciones y excepciones.


Artículo 124.- De la elusión de medidas tecnológicas.- Se permite la elusión de medidas tecnológicas con fines de:


  1. Decidir sobre la adquisición de la obra o prestación protegida;
  2. Investigación en encriptación de información;
  3. Investigación en seguridad de sistemas informáticos.
  4. Hacer uso de obras en el dominio público;
  5. Ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título; y,
  6. Ejercer todos los usos justos establecidos en el presente Código.


Sección V: Disposiciones especiales sobre ciertas obras

Parágrafo Primero: Del software y bases de datos

Apartado Primero: Del software privativo y bases de datos

Artículo 125.- Protección de software.- El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.


Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software.


Artículo 126.- Modificaciones necesarias para la utilización de software.- Sin perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las modificaciones necesarias para la utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización con fines comerciales.


Artículo 127.- Titulares de derechos.- Es titular de los derechos sobre un software el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.


Dicho titular está además autorizado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.


El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento versiones sucesivas del software y software derivado del mismo.


Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.


Artículo 128.- Actividades permitidas sin autorización.- Se permite las actividades relativas a un software de lícita circulación, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de valor alguno, en los siguientes casos:

  1. La copia, transformación o adaptación del software que sea necesaria para la utilización del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del mismo;
  2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del mismo que sea con fines de seguridad y archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente obtenida, cuando esta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida;
  3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia legítimamente obtenida de un software que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas o para fines de investigación y educativos; y,
  4. Las actividades que se realicen sobre una copia legítimamente obtenida de un software con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica.


Artículo 129.- Excepción a la reproducción.- No constituye reproducción de un software, a los efectos previstos en el presente Título, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.


Artículo 130.- Uso lícito del software.- Salvo pacto en contrario, será lícito el aprovechamiento del software por un número razonable de usuarios, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos similares.


Artículo 131.- Excepción a la transformación.- No constituye transformación, a los efectos previstos en el presente Título, la adaptación de un software realizada por el propietario u otro usuario legítimo para la utilización exclusiva del software.


Artículo 132.- Prohibición de transferencia a las modificaciones efectuadas a un software.- Las adaptaciones o modificaciones permitidas en este Parágrafo no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho respectivo. Asimismo, los ejemplares obtenidos en la forma indicada no podrán ser transferidos bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa que les sirvió de matriz y con la autorización del titular.


Artículo 133.- Otras excepciones.- Además de las excepciones al derecho de autor contempladas en el presente Apartado para el software, podrán ser aplicables las excepciones o limitaciones dispuestas para las obras literarias.


Artículo 134.- Materia protegible por las bases de datos.- Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esta protección de una base de datos, según el presente Título, no se extiende a los datos o información recopilada, pero no afectará los derechos que pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas por derechos de autor o derechos conexos que la conforman. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplicará al software utilizado en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.


Apartado Segundo: Del software libre y formatos abiertos

Artículo 135.- Software libre.- Se entiende por software libre al software en cuya licencia el titular garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho software con cualquier propósito. Especialmente otorga a los usuarios, entre otras, las siguientes libertades esenciales:

  1. La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito;
  2. La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una condición imprescindible para ello;
  3. La libertad de redistribuir copias; y,
  4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y transformadas por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina o instrucciones ejecutables en la máquina.


Artículo 136.- Obligatoriedad de uso de software libre y estándares abiertos.- El sector público y las instituciones del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en todos sus niveles de formación, deberán usar obligatoria y exclusivamente software libre y estándares abiertos.


En el caso de que no sea pertinente el uso de dicho software libre o estándares abiertos, o ambos, las entidades públicas obligadas en este artículo, deberán solicitar motivadamente y conforme el reglamento expedido para el efecto, la autorización de adquisición de otro tipo de software.


Las instituciones privadas del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, podrán prescindir del software libre o estándares abiertos, o ambos, en los casos establecidos en el reglamento respectivo.


En cualquier caso, la autorización para adquisición de otro tipo de software impondrá la obligación de migrar o desarrollar software libre, en un plazo razonable definido por la autoridad competente.


Quedará excluida de la autorización prevista en los incisos anteriores, la contratación de actualizaciones de software adquirido previamente a la entrada en vigencia de este Código; y, los sistemas que por razones técnicas o comerciales no puedan ser reemplazados por software libre. Estas adquisiciones serán debidamente motivadas por parte de la autoridad contratante e informado a la entidad rectora del sistema de contratación pública, para su control ex post.

Las instituciones obligadas por esta norma deberán poner a disposición del público bajo estándares de documentación a través del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el código fuente del software libre desarrollado o contratado. Se exceptúan de esta disposición el software desarrollado o contratado por instituciones públicas que por razones de seguridad deba mantener reservados el código fuente. La instancia que establezca el Presidente de la República mediante reglamento, autorizará la reserva de dicho código fuente.


La contratación de software como servicio de las entidades obligadas en este artículo, deberá realizarse con proveedores que garanticen que los datos se encuentren localizados en el Ecuador.


Artículo 137.- Libre elección de software.- Los usuarios tienen derecho a la libre elección del software en dispositivos que admitan más de un sistema operativo.


Los proveedores de artículos electrónicos están obligados a permitir que el usuario pueda adquirir con o sin software dichos equipos, así como a permitir al usuario decidir el tipo de software que los distribuidores instalen en estos equipos.


En la compra de equipos electrónicos los proveedores estarán obligados a ofrecer al usuario alternativas de software privativo o software libre, de existir.


Únicamente cuando no pueda instalarse software libre en los dispositivos de que se trate, podrá ofrecerse software privativo.


Apartado Tercero: Del hardware libre

Artículo 138.- Hardware Libre.- Se entiende por hardware libre a los circuitos electrónicos, cuyas especificaciones,tales como: diagramas esquemáticos, código fuente del firmware -en caso de existir- y demás documentación para la configuración y su respectiva puesta en funcionamiento, otorgan a los usuarios las siguientes libertades:


  1. La libertad de estudiar dichas especificaciones, y modificarlas para adaptarlas a cualquier necesidad;
  2. La libertad de redistribuir copias de dichas especificaciones; y
  3. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.


Artículo 139.- Coautores de obra audiovisual.- Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:


  1. El director o realizador;
  2. Los autores del argumento, de la adaptación y del guión y diálogos;
  3. El autor de la música compuesta especialmente para la obra; y,
  4. El dibujante, en caso de diseños animados.


Artículo 140.- Obra primigenia.- Sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra primigenia.


Salvo pacto en contrario, los autores de las obras preexistentes podrán explotar su contribución en forma aislada en cualquier género, siempre que lo hagan de buena fe y no se perjudique injustificadamente a la explotación normal de la obra audiovisual. Sin embargo, la explotación de la obra en común, así como de las obras especialmente creadas para la obra audiovisual, corresponderá en exclusiva al titular de los derechos sobre la obra audiovisual, conforme al artículo siguiente.


Artículo 141.- Titular de las obras audiovisuales.- Es titular de los derechos sobre una obra audiovisual el productor, esto es, la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra.


Se presumirá productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.


Dicho titular está, además, autorizado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación.


Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre autor, director y productor.


Parágrafo Tercero: De las obras arquitectónicas

Artículo 142.- Limitación al derecho de autor.- El autor de una obra arquitectónica no podrá oponerse a las modificaciones de su obra en el proceso de construcción o con posterioridad a ella que realice el propietario del inmueble o que sean ordenadas por autoridad competente. Sin embargo, podrá exigir que no se mencione su nombre en relación con la obra modificada.


El autor de una obra arquitectónica tampoco podrá oponerse a la demolición de la construcción.


Artículo 143.- Utilización de otras obras.- La adquisición de un proyecto de obra arquitectónica implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento de su autor, en los términos que él señale y de acuerdo con la legislación que regula el ejercicio de la arquitectura, para utilizarlo en otras obras.


Parágrafo Cuarto: De las obras de artes plásticas y de otras obras

Artículo 144.- Derecho a obtener una participación en las reventas.- Si el original de una obra de arte plástico o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido:


  1. En pública subasta; o,
  2. Con la intervención directa o indirecta de un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor, agente de comercio o intermediario.


Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá pagar al autor una participación de al menos el cinco por ciento del precio de reventa, siempre que dicho precio sea superior al de la primera venta.


Este derecho es irrenunciable, inalienable y transmisible por causa de muerte a favor de los herederos del autor. Se lo podrá ejercer por el plazo de duración de los derechos patrimoniales sobre la obra.


La acción para exigir el pago de este derecho por cada reventa prescribirá a los dos años contados a partir de la fecha de la respectiva reventa.


Artículo 145.- Responsables de establecimientos mercantiles.- Los responsables de establecimientos mercantiles, el comerciante o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y a la sociedad de gestión correspondiente o, en su defecto, al autor o sus herederos, dentro del plazo de tres meses posteriores a la reventa, acompañando la documentación pertinente para la práctica de la liquidación.


Artículo 146.- Del retrato o busto de una persona.- El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin su consentimiento y, luego de su muerte, de sus herederos. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relacione únicamente con fines científicos, didácticos, históricos o culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.


Artículo 147.- Fotografías de retrato.- Nadie podrá utilizar una obra fotográfica o una mera fotografía que consista esencialmente en el retrato de una persona, si dicha fotografía no se realizó con su autorización, la de su representante legal, la de sus herederos, con las limitaciones establecidas en la Ley. La autorización deberá referirse al tipo de utilización específica de la imagen.


La persona fotografiada podrá oponerse cuando la utilización sea diferente de la autorizada, salvo que la imagen dé cuenta de hechos o acontecimientos mencionados en el artículo anterior.


No será necesaria la autorización cuando la persona fotografiada sea un componente secundario de la fotografía..


Sección VI: Transmisión y transferencia de derechos

Parágrafo Primero: De la transmisión por causa de muerte

Artículo 148.- Transmisión de los derechos patrimoniales.- Los derechos patrimoniales que otorga este Título se transmiten a los herederos y legatarios conforme a las disposiciones del derecho civil.


Artículo 149.- Derechos de los herederos o legatarios.- Salvo pacto en contrario, cada heredero o legatario, según corresponda, podrá explotar previa autorización de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales la obra sin el consentimiento de los demás, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique injustificadamente a la explotación normal de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los beneficios económicos obtenidos de la explotación previa deducción de los gastos efectuados y de un porcentaje del veinte por ciento de dichos beneficios a su favor. Este porcentaje se entenderá sin perjuicio de la participación que le corresponda al respectivo heredero o legatario por su cuota.


Parágrafo Segundo: De la transferencia de la titularidad de derechos y de los contratos de explotación de las obras

Apartado Primero: De la transferencia de la titularidad de derechos

Artículo 150.- Transferencia de los derechos patrimoniales.- Los derechos patrimoniales que otorga este Título, salvo disposición expresa en contrario, son susceptibles de transferencia a cualquier título y, en general, de todo acto o contrato posible bajo el derecho civil o comercial como bien mueble.


En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la titularidad.


La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna respecto del derecho de autor sobre la obra que dicho soporte incorpora.


Apartado Segundo: De los contratos en general

Artículo 151.- Disposición de los derechos de autor.- Con sujeción a las normas de este Libro, se reconoce la facultad de los autores y demás titulares de derechos de disponer de sus derechos o autorizar las utilizaciones de sus obras o prestaciones, a título gratuito u oneroso, según las condiciones que determinen. Esta facultad podrá ejercerse mediante licencias libres, abiertas y otros modelos alternativos de licenciamiento o la renuncia.


Artículo 152.- Contratos de transferencia de derechos de autor.- Los contratos sobre transferencia de derechos, autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito y se presumirán onerosos. Además, cuando corresponda, durarán el tiempo determinado en los mismos contratos. Los autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales.


En dichos contratos, el autor garantizará la autoría y la originalidad de la obra. Asimismo, se entenderá incluida, sin necesidad de estipulación expresa, la obligación de respetar los derechos morales del autor.


Artículo 153.- Formas de explotación de una obra.- Las diversas formas de explotación de una obra son independientes entre sí y, en tal virtud, los contratos se entenderán circunscritos a las formas de explotación expresamente estipuladas y, salvo pacto en contrario, a las que se entiendan comprendidas según la naturaleza del contrato o sean indispensables para cumplir su finalidad. Así, la cesión o licencia del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante venta u otro título de los ejemplares cuya reproducción se ha autorizado.


Se entenderán reservados todos los demás derechos así como los derechos sobre las formas de explotación inexistentes o desconocidas al tiempo de la celebración del contrato.


Salvo estipulación en contrario, los contratos tendrán una duración de diez años y estarán limitados al territorio del país en donde se celebró el contrato.


Artículo 154.- Cesión exclusiva y no exclusiva de los derechos de autor.- Con sujeción a lo dispuesto en el artículo anterior, la cesión exclusiva de los derechos de autor transfiere al cesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor. También confiere al cesionario exclusivo, en el marco de los derechos que hubieren sido objeto de cesión y salvo pacto en contrario, el derecho a otorgar cesiones o licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra. Asimismo el cesionario exclusivo tiene legitimación, para perseguir las violaciones a los derechos de autor que afecten a las facultades que se le hayan concedido.


En la cesión no exclusiva, el autor conservará la facultad de explotar la obra o autorizar su explotación a terceros. Salvo estipulación en contrario, la cesión no exclusiva será intransferible y el cesionario no podrá otorgar licencias a terceros.


A falta de estipulación expresa, la cesión se considerará no exclusiva.


Artículo 155.- Nulidad de la cesión de los derechos patrimoniales sobre obras creadas en el futuro.- Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral, es nula la cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras que el autor pueda crear en el futuro, salvo que estén claramente determinadas en el contrato al menos en cuanto a su género y que éste no exceda de cinco años.


Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.


Artículo 156.- Licencia exclusiva de los derechos de autor.- Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 153, la licencia exclusiva de los derechos de autor confiere al licenciatario el derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor.


En la licencia no exclusiva, el autor conservará la facultad de explotar la obra o autorizar su explotación a terceros.


Salvo estipulación en contrario, la licencia, exclusiva o no, será intransferible y el licenciatario no podrá otorgar sublicencias a terceros.


A falta de estipulación expresa, la licencia se considerará no exclusiva.


Sin perjuicio de las normas sobre protección del consumidor, prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal, la adquisición de copias de obras que se comercializan junto con la licencia correspondiente implicará el consentimiento del adquirente a los términos de tales licencias.


Dichas licencias deberán ser redactadas en términos suficientemente claros para su comprensión por el consumidor.


Artículo 157.- Obligación de explotación concedida.- En todos los contratos en los que el autor reciba directa o indirectamente participación en los beneficios de la explotación que se realice de la obra, se entenderá incluida, sin necesidad de estipulación expresa, la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.


Artículo 158.- Difusión de obras encargadas susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios.- No obstante las disposiciones anteriores, la persona natural o jurídica que hubiere encargado artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, tiene el derecho de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en el encargo, así como de autorizar o prohibir la utilización de las obras por medios similares o equivalentes a los de su publicación original. Quedan a salvo los derechos del autor para explotar la obra en medios de difusión diferentes, siempre que se haga de buena fe y no se perjudique a la explotación normal de la obra.


Si tales obras se hubieren realizado bajo relación de dependencia laboral, el autor conservará el derecho a realizar la edición independiente en forma de colección.


Lo contemplado en el presente artículo podrá ser modificado mediante acuerdo entre las partes.


Apartado Tercero: De los contratos de edición

Artículo 159.- Contrato de edición.- Contrato de edición es aquel por el cual el autor o su derechohabiente autoriza a otra persona llamada editor a reproducir y distribuir la obra por cuenta y riesgo de ésta, en las condiciones pactadas.


Artículo 160.- Aviso previo de una obra publicada al nuevo editor de una obra.- Si el autor ha celebrado con anterioridad contrato de edición sobre la misma obra con un tercero, o si ésta ha sido publicada por un tercero con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, responderá de los daños y perjuicios que ocasionare.


Artículo 161.- Prohibición de celebración de un nuevo contrato.- Durante la vigencia del contrato y con sujeción al ámbito territorial estipulado, salvo pacto en contrario o consentimiento del editor, el autor no podrá celebrar nuevo contrato de edición sobre la misma obra con un tercero, o reproducirla y distribuirla o autorizar su reproducción o distribución a terceros.


Artículo 162.- Prohibición de publicar la obra modificada.- El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin el consentimiento del autor.


Artículo 163.- Derecho de publicar la obra modificada.- El autor conservará el derecho de hacer a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que se inicie la impresión.


Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará exento de resarcir los gastos que por ese motivo se causen al editor, salvo pacto en contrario.


Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra y estas no fueren aceptadas por el editor, se considerará retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por los daños y perjuicios que se causaren al editor y a terceros.


Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las reimpresiones que se hicieren de la obra durante la vigencia del contrato.


Artículo 164.- Fijación del precio de la obra.- A falta de estipulación expresa, el editor estará facultado para fijar el precio de venta de cada ejemplar.


Artículo 165.- Uso de ejemplares no vendidos.- Si, a la expiración o terminación del contrato de edición, el editor conservare ejemplares no vendidos de la obra, el autor podrá comprarlos a precio de costo más el diez por ciento. Este derecho podrá ejercitarse dentro de treinta días contados a partir de la expiración o terminación, transcurridos los cuales el editor podrá continuar vendiendo los ejemplares en las mismas condiciones estipuladas en el contrato.


Artículo 166.- Terminación del contrato de edición.- El contrato de edición terminará una vez concluido el plazo estipulado para su duración, o al agotarse la edición.


Artículo 167.- Obligación de quien edite una obra.- Toda persona que edite una obra en el territorio nacional está obligada a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, al menos las siguientes indicaciones:


  1. El título de la obra y el nombre del autor o su seudónimo, o la expresión de que la obra es anónima;
  2. El nombre del compilador, adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere;
  3. La mención de reserva de derechos o la indicación del tipo de licencia bajo la cual se publica la obra;
  4. El año y registro de derechos de autor;
  5. El nombre y domicilio del editor y del impresor;
  6. El lugar y fecha de la impresión;
  7. El número de edición; y,
  8. El código de barras con el Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN).


Artículo 168.- Número de ejemplares realizados por el editor.- El editor no podrá publicar un mayor número de ejemplares que el convenido con el autor y, si lo hiciere, deberá pagar al autor por el mayor número de ejemplares efectivamente editados, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.


Artículo 169.- Liquidación de ejemplares de una obra.- Salvo que se estipulare un plazo diferente, el editor estará obligado a liquidar y pagar semestralmente al autor o a quien le represente las cantidades que le correspondan por concepto de remuneración. En todo caso, el autor o quien le represente, tendrá derecho de examinar, en cualquier momento, las instalaciones, registros y comprobantes de venta de quienes editen, distribuyan o vendan la obra y que se relacionen con el objeto del contrato. Los editores, distribuidores y vendedores deberán llevar y conservar dichos documentos.

Artículo 170.- Quiebra o insolvencia del editor.- La quiebra o insolvencia del editor no produce la terminación del contrato, salvo el caso de que no se hubiere iniciado la impresión de la obra. Los derechos del editor quebrado no podrán ser cedidos si se ocasiona perjuicio al autor o a la difusión de su obra.

Artículo 171.- De los contratos de edición de obras musicales.- Las disposiciones anteriores se aplicarán a los contratos de edición de obras musicales, salvo que resulten incompatibles con la naturaleza de la explotación de la obra.


Artículo 172.- Inclusión de la obra en fonogramas.- Salvo pacto en contrario, el editor o los subeditores o licenciatarios, según el caso, estarán facultados para autorizar o prohibir la inclusión de la obra en fonogramas, su sincronización con fines publicitarios, su comunicación pública, o cualquier otra forma de explotación similar a las autorizadas por el contrato de edición, sin perjuicio de los derechos del autor y de la obligación de abonar en su favor la remuneración pactada en el contrato.


Artículo 173.- Derechos del editor.- Salvo pacto en contrario, el editor tiene legitimación, con independencia de la del autor o su derechohabiente, para perseguir las violaciones a los derechos de autor que afecten a las facultades que se le hayan autorizado.


Apartado Cuarto: De los contratos de inclusión fonográfica

Artículo 174.- Contrato de inclusión fonográfica.- El contrato de inclusión fonográfica es aquel en el cual el autor de una obra musical o su derechohabiente, el editor o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, autoriza a un productor de fonogramas a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo similar, con fines de reproducción y distribución de ejemplares.


Salvo pacto en contrario, la autorización al productor no comprende el derecho de comunicación pública.


Artículo 175.- Participación económica del autor.- Salvo pacto en contrario, la participación económica del autor será directamente proporcional al valor de los ejemplares vendidos.


Salvo que se estipulare un plazo diferente, el productor estará obligado a liquidar y pagar semestralmente al autor o a quien le represente las cantidades que le corresponden por concepto de participación económica. En todo caso, el autor o quien le represente tendrá derecho de examinar, en cualquier momento, las instalaciones, registros y comprobantes de venta del productor y que se relacionen con el objeto del contrato. El productor deberá llevar y conservar dichos documentos.


Artículo 176.- Datos mínimos a consignarse en el material de los fonogramas.- Los productores de fonogramas deberán consignar en el soporte material de los fonogramas, al menos las siguientes indicaciones:

  1. El título de la obra y los nombres de los autores o sus seudónimos, de las obras que conforman el fonograma y, del autor de la versión, cuando lo hubiere;
  2. Los nombres de los intérpretes. Los conjuntos orquestales o corales serán mencionados por su denominación o por el nombre de su director, según el caso;
  3. Cuando corresponda, la mención de reserva de derechos mediante el símbolo (P) (la letra P inscrita dentro de un círculo) seguido del año de la primera publicación;
  4. La razón social del productor fonográfico o la marca que lo identifique; y,
  5. En el fonograma, obligatoriamente deberá ir impreso el número de orden del tiraje.

Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no fueren posibles de consignarse en las etiquetas de los ejemplares, serán impresas en el sobre, cubierta o folleto adjunto.


Artículo 177.- Fijación del precio de la obra.- La disposición contenida en el Artículo 175 será aplicable, en lo pertinente, a la obra literaria que fuere empleada como texto de una obra musical o como declamación o lectura para su fijación en un fonograma, con fines de reproducción y distribución.

Apartado Quinto: De los contratos de radiodifusión

Artículo 178.- Contrato de representación.- Es aquel por el cual el autor o su derechohabiente autoriza a una persona natural o jurídica denominada agente a representar la obra por cuenta y riesgo de ésta, en las condiciones pactadas.


Estos contratos deben celebrarse por tiempo determinado o por un número determinado de representaciones o ejecuciones públicas.


Salvo pacto en contrario, el agente adquiere el derecho exclusivo para la representación de la obra durante seis meses a partir de su estreno y, sin exclusividad, por el plazo restante de duración del contrato.


En el contrato, deberá estipularse el plazo dentro del cual debe llevarse a efecto la representación única o primera de la obra. Salvo pacto en contrario, el plazo será de un año desde la fecha del contrato o, en su caso, desde que el autor puso al agente en condiciones de realizar la representación.


Las disposiciones relativas al contrato de representación son aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en lo que fuere pertinente.


Artículo 179.- Porcentaje de participación del autor por función no determinada en el contrato.- Cuando la participación del autor no hubiere sido determinada contractualmente, le corresponderá, como mínimo, el diez por ciento del valor total de las entradas de cada función y el veinte por ciento de la función de estreno.


Salvo pacto en contrario, en caso de espectáculos de acceso gratuito, se aplicará el porcentaje indicado en el inciso anterior sobre el valor total de la recaudación potencial que se habría obtenido si el espectáculo no hubiese tenido dicho carácter.


Salvo que se estipulare un plazo diferente, el agente estará obligado a liquidar y pagar semestralmente al autor o a quien le represente semestralmente las cantidades que le corresponden por concepto de remuneración. En todo caso, el autor o quien le represente tendrá derecho de examinar, en cualquier momento, las instalaciones y registros del agente y que se relacionen con el objeto del contrato. El agente deberá llevar y conservar dichos documentos.


Artículo 180.- Penalidad al empresario que incumpla su obligación de pago al autor.- Si el agente dejare de abonar la participación económica que corresponde al autor, la autoridad competente, a solicitud del autor o de quien le represente, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención inmediata del producto de la recaudación.


En caso de que el mismo agente represente otras obras de autores diferentes, la autoridad dispondrá la retención inmediata de las cantidades excedentes de la recaudación después de satisfechos los derechos de autor de dichas obras, hasta cubrir el total de la suma adeudada al autor impago. En todo caso, el autor tendrá derecho a la terminación del contrato y a retirar la obra de poder del agente, así como a ejercer las demás acciones a que hubiere lugar.


Artículo 181.- Terminación del contrato de representación.- El agente podrá dar por terminado el contrato, perdiendo los anticipos que hubiere hecho al autor, si la obra dejara de representarse por rechazo del público durante las tres primeras funciones, o por caso fortuito o fuerza mayor.


Apartado Sexto: De los contratos de radiodifusión

Artículo 182.- Contrato de radiodifusión.- Es aquel por el cual el autor o su derechohabiente autoriza la transmisión de la obra a un organismo de radiodifusión.


Estas disposiciones se aplicarán también, en lo que fuere pertinente, a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica, u otro procedimiento similar.


Artículo 183.- Autorización para la transmisión de una obra.- La autorización para la transmisión de una obra excluye el derecho de volverla a emitir o explotarla públicamente, salvo pacto en contrario.


Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior se requerirá de autorización expresa del autor o su derechohabiente, excepto la transmisión de una obra por medios digitales u otros que naturalmente impliquen la posibilidad de transmisiones por la Internet o transfronterizas que, salvo pacto en contrario, conllevan la autorización para su transmisión hacia o en el exterior.


Apartado Séptimo: De los contratos de obra audiovisual

Artículo 184.- Contratos de obra audiovisual.- Es aquel por el cual el autor y los artistas intérpretes, o sus derechohabientes, o las correspondientes sociedades de gestión, autorizan a una persona a reproducir en videogramas, distribuir y comunicar públicamente una obra audiovisual, por cuenta y riesgo de esta persona, en las condiciones pactadas.


Artículo 185.- Prohibición de distribución de una obra audiovisual.- No podrá negociarse la distribución ni la comunicación pública de la obra audiovisual si no se ha celebrado previamente con el autor, los artistas, intérpretes, o sus derechohabientes, o las correspondientes sociedades de gestión colectiva, el convenio que garantice plenamente el pago de los derechos que a ellos corresponde.


Apartado Octavo: De los contratos publicitarios

Artículo 186.- Contratos Publicitarios.- Son que tengan por objeto la explotación de obras con fines de publicidad o identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de difusión.


Salvo pacto en contrario, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta por un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional de seis meses.


El contrato deberá precisar el soporte material en el que se reproducirá la obra, cuando se trate del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje adicional requerirá de un acuerdo expreso.


Son aplicables a estos contratos las disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión fonográfica y de obra audiovisual, en lo que fuere pertinente.


Sección VII: De las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales

Parágrafo Primero: De la duración

Artículo 187.- Duración de los derechos patrimoniales.- La duración de la protección de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y setenta años después de su muerte.


Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección señalado en el inciso anterior se contará a partir de la divulgación o publicación de la obra. Si la obra no se hubiese divulgado o publicado dentro del plazo de setenta años contados desde su realización, el plazo de protección señalado en el inciso anterior se contará a partir de la realización de la obra.


Artículo 188.- Duración de los derechos patrimoniales en la obra póstuma.- Cuando se trate de obras póstumas, el plazo de setenta años se contará desde la muerte del autor.


Artículo 189.- Duración de los derechos patrimoniales de obra de autor anónimo.- La obra anónima tendrá una protección de setenta años después que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje duda sobre identidad, el plazo de protección será el previsto en el Artículo 187. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el término de protección aplicable será el establecido en Artículo 188.


Si no se conociere la identidad del autor de la obra divulgada bajo un seudónimo, se la considerará anónima. Caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Artículo 188.


Artículo 190.- Duración de los derechos patrimoniales en obras realizadas en colaboración.- Para las obras en colaboración, el plazo de protección señalado en el Artículo 187 correrá desde la muerte del último coautor.


Artículo 191.- Duración de los derechos patrimoniales en obras colectivas.- Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período de protección correrá a partir de la divulgación o publicación de cada suplemento, parte o volumen.


Artículo 192.- Duración de los derechos patrimoniales en obras audiovisuales.- Para las obras audiovisuales, el plazo de protección será de setenta años contados a partir de la divulgación de la obra, o, si tal hecho no ocurre dentro de un plazo de al menos cincuenta años, a partir de la realización de la obra.


Artículo 193.- Duración de los derechos patrimoniales en obras fotográficas y de artes aplicadas.- Para las obras fotográficas el plazo de protección será de setenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación, el que fuere ulterior. Para las obras de artes aplicadas, el plazo de protección será de setenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, el que fuere ulterior.


Artículo 194.- Duración de los derechos patrimoniales en obras de comunidades, pueblos, o nacionalidades.- Para el caso de obras de comunidades, pueblos o nacionalidades a los que la Constitución reconoce derechos colectivos, en los que no se puede determinar autoría individual alguna, el plazo de protección será de setenta años contados a partir del registro de tal obra ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual, la cual verificará entre otros requisitos, que la solicitud cuente con el consentimiento colectivo de las comunidades, pueblos o nacionalidades.


Artículo 195.- Cómputo del plazo de protección de una obra.- El plazo de protección se contará desde la fecha de la muerte del autor o de la realización, divulgación o publicación de la obra, según corresponda. Cuando no se conociere dicha fecha, el plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según corresponda.


Artículo 196.- Finalización de los plazos de protección de una obra.- Cumplidos los plazos de protección previstos en este parágrafo, las obras pasarán al dominio público y, en consecuencia, podrán ser utilizadas libremente por cualquier persona, respetando la paternidad de la obra.

Parágrafo Segundo: De las limitaciones y excepciones

Artículo 197.- Uso justo de una obra.- El uso justo de una obra no constituirá una violación de los derechos patrimoniales sobre la misma. Para determinar si el uso de la obra se adecua a lo dispuesto en este artículo se tendrá en cuenta lo establecido en este Código y en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte, así como entre otros, los siguientes factores:

Si el uso de la obra es para fines educativos y no lucrativos; Los objetivos y la naturaleza del uso; La naturaleza de la obra; La cantidad y la importancia de la parte usada en relación con la obra en su conjunto; y, El efecto del uso en el valor de mercado actual y potencial de la obra.


Artículo 198.- Actos que no requieren autorización para su uso.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y de conformidad con los principios de este Código, los siguientes actos no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna:

  1. La inclusión en una obra propia de fragmentos relativamente breves de obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas que no formen parte de una misma colección, de carácter plástico, fotográfico, figurativo o similares, siempre que se trate de obras ya divulgadas, que su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, y que se indique la fuente y el nombre del autor.
    Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas;
  2. La utilización de una obra en el curso de procedimientos oficiales de la administración pública, la legislatura o la administración de justicia;
  3. La exhibición, ejecución, interpretación y comunicación pública esporádicas de obras en actos oficiales organizados por las instituciones del Estado, con fines conmemorativos, culturales, científicos o educativos, siempre que la asistencia sea gratuita y que los participantes no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto;
  4. La reproducción, traducción, distribución y comunicación pública con fines informativos de artículos, comentarios, fotografías, ilustraciones y obras similares sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo, siempre que se mencione la fuente y el nombre del autor, si el original lo indica, y no se haya hecho constar en origen la reserva de derechos;
  5. La reproducción, traducción y comunicación pública con fines informativos de conferencias, discursos y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos sobre asuntos de interés general;
  6. La reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública con fines informativos de las noticias del día o de hechos diversos que tengan el carácter de simples informaciones periodísticas, difundidas por cualquier medio o procedimiento, siempre que se indique su origen;
  7. La reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública con fines científicos o educativos y garantizar acceso a las personas con discapacidad, de las obras arquitectónicas, fotográficas, de bellas artes, de arte aplicado u otras similares, que se encuentren situadas permanentemente en lugares abiertos al público, mediante la fotografía, la pintura, el dibujo, la filmación o cualquier otra técnica o procedimiento similar, siempre que se indique el nombre del autor de la obra original, si ello es conocido, y el lugar donde se encuentra;
  8. La reproducción y comunicación pública con fines informativos de obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública de forma alámbrica o inalámbrica;
  9. La reproducción en forma individual de una obra por una biblioteca, archivo o museo, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección de la biblioteca, archivo o museo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:
    1. Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización;
    2. Entregar a otra biblioteca o archivo el ejemplar reproducido para fines de préstamo a los usuarios de esta biblioteca o archivo. La biblioteca o archivo que reciba el ejemplar podrá a su vez realizar una copia de él si ello es necesario para la conservación del ejemplar y la copia se destina a la utilización por parte de sus usuarios; o,
    3. Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
      Una biblioteca o archivo podrá, además, realizar los siguientes actos:
      1. La reproducción de fragmentos de obras que se encuentren en su colección, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal;
      2. La reproducción electrónica y comunicación pública de obras de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de redes de la respectiva institución o para usuarios de esa institución bajo su control, en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones;
      3. La traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas cuando, al cumplirse un plazo de tres años contados desde la primera publicación o de un año en caso de publicaciones periódicas, su traducción al castellano, demás idiomas de relación intercultural y los idiomas oficiales en los respectivos territorios, no haya sido publicada en el país por el titular del derecho;
        La traducción deberá ser realizada con fines de investigación o estudio para los usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y sólo podrá ser reproducida en citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones;
      4. El suministro de acceso temporal a los usuarios de la biblioteca o archivo, o a otras bibliotecas o archivos, a las obras protegidas por derechos de autor o prestaciones protegidas por derechos conexos que se encuentren incorporadas en un soporte digital o en otro medio intangible, que se encuentren dentro de sus colecciones;
      5. La reproducción y el suministro de una copia de las obras protegidas por derechos de autor o prestaciones protegidas por derechos conexos a otra biblioteca o archivo, o a otras bibliotecas o archivos donde quiera que se ubiquen, o conforme con cualquier otra excepción que permita al archivo o biblioteca receptora efectuar tal copia;
      6. La reproducción, adaptación, traducción, transformación, arreglo, distribución y comunicación de una obra protegida por derechos de autor o una prestación protegida por derechos conexos, , en uno o más formatos accesibles para el uso exclusivo de personas con discapacidad; y,
      7. La minería de textos. Las bibliotecas o archivos y sus funcionarios estarán exentos de responsabilidad por los actos que realicen sus usuarios siempre y cuando actúen de buena fe y tengan motivos razonables para creer que la obra protegida por derechos de autor o la prestación protegida por derechos conexos se ha utilizado en el marco permitido por las limitaciones y excepciones previstas en el presente Parágrafo o de un modo que no está restringido por los derechos sobre la obra o prestación, o que dicha obra o prestación se encuentre en el dominio público o bajo una licencia que permita su uso;
  10. El préstamo público en forma individual de una obra audiovisual por una videoteca u otra colección de obras audiovisuales, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en el repertorio de la videoteca o colección;
  11. La realización, por parte de un organismo de radiodifusión y mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de grabaciones efímeras de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación dentro de cinco años, salvo en el caso de grabaciones con un especial valor histórico o cultural que ameriten su preservación;
  12. La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones;
  13. La sátira, pastiche o parodia de una obra divulgada, siempre que se ajuste a las reglas de estos géneros;
  14. La anotación y registro, inclusive por medios técnicos no audiovisuales, con fines de uso personal de lecciones y conferencias dictadas en universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos, colegios, escuelas, centros de educación y capacitación en general, y otras instituciones de enseñanza, por parte de aquellos a quienes dichas lecciones y conferencias van dirigidas. Las mencionadas anotaciones y registros no podrán ser objeto de comercialización o uso público alguno sin autorización del titular de los derechos;
  15. La reproducción con fines de enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves fragmentos o extractos de obras lícitamente publicadas, u obras plásticas aisladas, a condición de que tal utilización no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso;
    Las obras mencionadas en el inciso anterior se podrán utilizar en el curso de procesos de estudio o aprendizaje presencial, semipresencial, dual, en línea y a distancia, siempre que se destine exclusivamente a los alumnos de las respectivas clases.
  16. En el caso de obras huérfanas, o que no estén disponibles lícitamente en el comercio nacional por un plazo superior a un año contado a partir de su primera publicación, y mientras subsistan en esa calidad o circunstancia, las instituciones de enseñanza podrán utilizar en su integridad las obras a que se refieren los dos incisos anteriores, siempre que la utilización de dichas obras sea requerida por la autoridad educativa correspondiente;
  17. La representación, ejecución y comunicación pública de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por parte del personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por tal acto y el público esté compuesto principalmente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;
  18. La traducción o adaptación de una obra con fines académicos en el curso de las actividades de una institución de educación, sin la posibilidad de que tal traducción o adaptación puedan ser distribuidas posteriormente;
  19. La utilización de software con fines de demostración a la clientela en los establecimientos comerciales en que se expongan, vendan o reparen equipos o programas computacionales, siempre que se realice en condiciones que eviten su difusión al exterior.
  20. La utilización de obras de artes plásticas con fines exclusivamente de anunciar la exposición pública o venta de las mismas;
  21. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones realizada con fines de difusión de la cultura, siempre que no se cobre la entrada o haya un beneficio económico directo a favor del organizador;
  22. La interpretación, ejecución y comunicación de obras musicales o audiovisuales al interior de establecimientos de los sistemas públicos de salud y educación; centros de rehabilitación social, siempre que esté destinada a los internos de dichos establecimientos y que quienes se encuentran en esas instituciones no estén afectos a un pago específico en favor de quien administra dichas instituciones por acceder a esa interpretación, ejecución o comunicación;
  23. La reproducción provisional de una obra que sea transitoria o accesoria, forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y se realice con fines de transmisión en una red entre terceros por parte de un intermediario, y que en ningún caso tenga una significación económica independiente;
  24. La referencia o enlace de sitios en línea, u otras actividades lícitas similares, así como la reproducción y almacenamiento necesarios para el proceso de funcionamiento de un motor de búsqueda de la Internet siempre y cuando esto no implique violación de contenidos protegidos;
  25. La comunicación pública y reproducción de textos, dibujos, figuras y demás contenido de una solicitud o registro de propiedad industrial o solicitud o certificado de obtentor por medio de bases de datos abiertas al público siempre que, en el caso de solicitudes, éstas tengan carácter público;
  26. La comunicación pública de obras que se realice en pequeños establecimientos abiertos al público a través de un único aparato casero cuya actividad principal no involucre de forma indispensable tal comunicación pública y que la utilización no tenga fines de ambientación. Para efectos de este tipo de comunicación se entenderán comprendidos los derechos conexos que existan sobre las prestaciones involucradas; y,
  27. La comunicación pública de obras que se realice en unidades de transporte público terrestre de circulación urbana, interparroquial e interprovincial y, que no se encuentren destinadas a actividades turísticas o de entretenimiento.


Artículo 199.- Otros actos comprendidos.- Las limitaciones y excepciones señaladas en este Parágrafo comprenderán, no solamente los derechos expresamente mencionados, sino también aquellos que, por la naturaleza y finalidad de la limitación o excepción, se entiendan también comprendidos. Así, en todos los casos en los que se autoriza la reproducción de una obra, se entenderá comprendida la traducción de la misma cuando originalmente se encuentra escrita en idioma extranjero. Así también, en los casos en que se permite la reproducción de una obra, se entenderá comprendida también la distribución de ejemplares de la misma en la medida en que lo justifique el acto de reproducción autorizado.

En todos estos casos se observará lo dispuesto en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte.


Artículo 200.- Obras o prestaciones denominadas huérfanas.- Se entiende por obras o prestaciones huérfanas aquellas cuyos derechos de autor o derechos conexos se encuentran vigentes conforme los plazos de protección establecidos en este Código, pero cuyos titulares no están identificados o de estarlo, no ha sido posible su localización.

Quien pretenda utilizar obras o prestaciones huérfanas deberá ejecutar todos los actos y gestiones razonables tendientes a la identificación del titular del derecho y notificar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. En caso de que el legítimo titular o su derechohabiente apareciere y justificare debidamente tal calidad, podrá ejercer las acciones previstas en este Código.


Artículo 201.- De las obras publicitarias.- No será aplicable a las obras audiovisuales publicitarias la obligación de indicar los nombres del autor y los artistas intérpretes. Tampoco será obligatorio mencionar el nombre del autor en las fotografías publicitarias.


Artículo 202.- De las limitaciones y excepciones.- Las limitaciones y excepciones establecidas en este Parágrafo se aplicarán también a las prestaciones protegidas por derechos conexos, en lo que fuere pertinente.


Sección VIII: De las licencias obligatorias

Artículo 203.- De la concesión de licencias obligatorias.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá conferir licencias obligatorias sobre los derechos exclusivos de un titular, constituidos sobre obras literarias o artísticas, musicales o audiovisuales en los siguientes casos:

  1. Cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de control de poder del mercado, como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de los derechos de autor o derechos conexos;
  2. Cuando el titular de una obra musical ha otorgado la autorización para la interpretación o grabación a una persona y no exista la posibilidad de que se pueda obtener otra autorización para nueva interpretación o grabación por parte de un tercero;
  3. Cuando una obra literaria o artística no se encuentre traducida al castellano, a uno de los idiomas oficiales de relación intercultural o a los idiomas oficiales en los territorios respectivos y tal traducción no se encuentre disponible en el mercado nacional;
  4. Cuando una obra literaria o artística no se encuentre disponible en el mercado nacional y hayan transcurrido desde su publicación en cualquier forma: tres años en las obras de contenido científico o tecnológico; cinco años en las obras de contenido general; y, siete años en las obras tales como novelas, poéticas y libros de arte; y,
  5. Cuando una obra audiovisual, videograma u otra fijación audiovisual no haya sido comercializada por su titular en el Ecuador o cuando la cantidad a disposición del público no haya podido satisfacer el mercado nacional.


Artículo 204.- De la regulación de licencias obligatorias.- De oficio o a petición de parte la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual podrá otorgar licencias obligatorias para el territorio nacional de manera no exclusiva en los casos y para los tipos de obras enumerados en el ‘‘‘Artículo 203. Tales licencias serán intransferibles salvo el caso de que se transfiera como parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación, debiendo constar la transferencia por escrito e inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

El otorgamiento de una licencia obligatoria no exime al licenciatario del respeto de los derechos morales existentes sobre la obra ni de las modalidades que no sean objeto de la licencia.

La licencia podrá revocarse, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, a petición motivada del titular de los derechos, o de oficio si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.


Artículo 205.- Pago de participación económica cuando exista una licencia obligatoria.- El titular de los derechos de una obra la cual sea objeto de una licencia obligatoria tendrá derecho a recibir una participación económica equitativa que será fijada por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales conforme lo disponga el reglamento respectivo.


Artículo 206.- Imposibilidad de otras medidas.- La persona que haya solicitado la concesión de una licencia obligatoria sobre una obra literaria o artística no podrá ser sujeta a otras medidas administrativas o judiciales, respecto a dicha obra, que el pago de una compensación equitativa que para esos efectos determine la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de conformidad con el procedimiento aplicable a las licencias obligatorias, en la medida que quien realiza la reproducción y distribución, cumpla con las condiciones y requisitos especiales que señale el reglamento respectivo.


Capítulo IV: De los derechos conexos

Sección I: Preceptos generales

Artículo 207.- De la protección de los derechos conexos.- La protección de los derechos conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Los autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios percibidos por la explotación de los derechos conexos.


Artículo 208.- Disposiciones finales a los derechos conexos.- Respecto de los derechos conexos contemplados en este Capítulo, se aplicarán, a falta de disposición expresa, las demás disposiciones de este Título.


Sección II: De los artistas, intérpretes o ejecutantes

Parágrafo Primero: Derecho moral

Artículo 209.- Del reconocimiento y concesión de los derechos morales.- Independientemente de los derechos patrimoniales y aún después de su transferencia, los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán, respecto de sus interpretaciones y ejecuciones, del derecho de ser identificados como tales, salvo que la omisión esté determinada por el modo en que se utilice la interpretación o ejecución. Gozarán también del derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de su interpretación o ejecución, que cause un daño a su honra o reputación.

A la muerte del artista, intérprete o ejecutante, el ejercicio de estos derechos corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales.

En cualquier caso, las modificaciones de una interpretación o ejecución que se efectúen durante la explotación normal de la interpretación o ejecución, tales como la edición, la compresión, el doblaje o el formateado, en medios o formatos nuevos o existentes, y que se efectúen durante el uso autorizado por el artista intérprete o ejecutante, no serán consideradas como distorsiones o modificaciones en el sentido del inciso primero. Igualmente, se entiende que las modificaciones que pueden perjudicar la reputación del artista a las que se refiere dicho inciso guardan relación solamente con los cambios que sean objetivamente perjudiciales de manera sustancial para la reputación del artista, intérprete o ejecutante. La utilización de tecnologías o medios nuevos o modificados, por si misma no constituye modificación en los términos previstos en el presente artículo.


Parágrafo Segundo: Derechos patrimoniales

Artículo 210.- De los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones por cualquier medio o procedimiento.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada o se hagan a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento.


Artículo 211.- Del derecho de remuneración o compensación económica.- Los artistas, intérpretes o ejecutantes tendrán derecho a percibir una remuneración o compensación económica por la comunicación pública de un fonograma que contenga sus interpretaciones o ejecuciones.

Salvo pacto en contrario, la remuneración o compensación económica que se recaude, conforme con el inciso anterior, será compartida en forma equitativa entre los productores de fonogramas y los artistas, intérpretes o ejecutantes, independientemente de los derechos económicos del autor ya establecidos en los artículos referentes a los derechos patrimoniales del autor, en concordancia con los convenios internacionales.

Los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan autorizado la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en soportes audiovisuales tendrán derecho a una remuneración o compensación económica equitativa por la radiodifusión por radio o televisión así como por la transmisión por cable de las diferentes modalidades de transmisión y retransmisión, con ánimo de lucro, de sus interpretaciones o ejecuciones a partir de una fijación audiovisual.


Artículo 212.- De los derechos colectivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.- Los artistas, intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma ejecución deberán designar un representante para el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Sección. A falta de tal designación, serán representados por el director del grupo que haya participado en la ejecución.

De no existir director del grupo, cualquier interesado podrá requerir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que designe un miembro del grupo como representante para estos efectos. La distribución será determinada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Artículo 213.- De la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes.- La duración de la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, según el caso.


Sección III: De los productores de fonogramas

Artículo 214.- De los derechos de los productores de fonogramas.- Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

  1. La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier medio o procedimiento;
  2. La comunicación pública con o sin hilo de fonogramas;
  3. La importación de reproducciones ilícitas de fonogramas; y,
  4. La distribución al público de los fonogramas.

El productor de fonogramas tendrá derecho a una remuneración o compensación económica por la comunicación pública de sus fonogramas en aquellos establecimientos abiertos al público donde se utilice música como medio de ambientación y donde no se obtenga lucro de forma directa o indirecta como consecuencia de dicha utilización, en los demás casos de comunicación pública este derecho será exclusivo.

La remuneración o compensación económica percibida por los productores de fonogramas por la comunicación pública de los fonogramas que contengan interpretaciones o ejecuciones, será compartida de manera equitativa con los artistas, intérpretes o ejecutantes de tales interpretaciones o ejecuciones.

Se podrá constituir una ventanilla única para recaudar las remuneraciones o compensaciones económicas que correspondan a los autores, a los productores de fonogramas y a los artistas, intérpretes o ejecutantes, por la comunicación pública de sus obras musicales, ejecuciones o fonogramas respectivamente.


Artículo 215.- Del agotamiento del derecho.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el titular no tendrá el derecho de impedir a un tercero realizar la distribución respecto de un fonograma, después de que el mismo se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, de cualquier otra persona autorizada para ello; o, de cualquier persona de forma legítima.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación del fonograma o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Artículo 216.- De las licencias otorgadas por el productor de fonogramas.- Las licencias exclusivas que otorgue el productor de fonogramas deberán especificar los derechos cuyo ejercicio se autoriza al licenciatario. Salvo pacto en contrario, el licenciatario tendrá legitimación, con independencia de la del licenciante, para perseguir las violaciones a los derechos que afecten a las facultades que se le hayan concedido.


Artículo 217.- De la duración de los derechos protegidos por productores de fonogramas.- La duración de la protección de los derechos del productor de fonogramas será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en el que se publicó el fonograma. En caso de que dicha publicación no ocurra dentro de los setenta años siguientes a la fijación del fonograma, el plazo se contará desde la fijación.


Sección IV: De los organismos de radiodifusión

Artículo 218.- De los derechos de los organismos de radiodifusión.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

  1. La retransmisión de sus emisiones, por cualquier medio o procedimiento;
  2. La fijación y la reproducción de sus emisiones; y,
  3. La comunicación al público de sus emisiones cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de admisión.


Artículo 219.- De la producción de señales de radiodifusión.- La emisión referida en el artículo anterior comprende la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión, así como la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites.


Artículo 220.- De la decodificación de señales de radiodifusión.- Sin la autorización del organismo de radiodifusión respectivo, no será lícita la decodificación de señales de satélite portadoras de programas que estén protegidas por medidas tecnológicas de protección, su recepción con fines de lucro o su difusión, ni la importación, distribución, venta, arriendo o u oferta al público de aparatos o sistemas que no tengan un uso legítimo distinto del decodificar tales señales.


Artículo 221.- De la protección de los organismos de radiodifusión.- A efectos del goce y el ejercicio de los derechos establecidos en esta Sección, se reconoce una protección similar, en cuanto corresponda, a las estaciones de organismos de radiodifusión que transmitan programas al público por medio de hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar.


Artículo 222.- De la duración de los derechos de los organismos de radiodifusión.- La duración de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión será de cincuenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en el que se realizó la emisión.


Sección V: Otros derechos

Artículo 223.- De la protección de derechos de terceros.- Quien realice una mera fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento similar, que no tenga el carácter de obra fotográfica, gozará del derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento la reproducción, distribución o comunicación pública de la mera fotografía o fijación, en los mismos términos que los autores de obras fotográficas. Este derecho durará cinco años contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel de su realización, divulgación o publicación, según corresponda.


Capítulo V: De las sociedades de gestión colectiva

Artículo 224.- De las sociedades de gestión colectiva.- Son sociedades de gestión colectiva las personas jurídicas sin fines de lucro, cuyo objeto social es la gestión colectiva de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos, o de ambos.

Dichas sociedades están sujetas a la aprobación, autorización, monitoreo, control, fiscalización, intervención y sanción de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Sección I: De las obligaciones y atribuciones generales de las sociedades de gestión colectiva

Artículo 225.- De la administración de las sociedades de gestión.- Las sociedades de gestión colectiva autorizadas estarán obligadas a administrar los derechos que les son confiados y estarán legitimadas para ejercerlos de conformidad con este Libro y en los términos previstos en sus propios estatutos, en los mandatos que se les hubieren otorgado y en los contratos que hubieren celebrado con entidades extranjeras, según el caso.

En ningún caso podrán recaudar tarifas por obras o prestaciones que no se encuentren en sus respectivos repertorios.


Artículo 226.- De los socios de las sociedades de gestión colectiva.- Las sociedades de gestión colectiva tendrán la obligación de admitir como socio a cualquier titular de derechos. El estatuto de la Sociedad de Gestión deberá prescribir las condiciones para la admisión como socios de los titulares de derechos que lo soliciten y acrediten la calidad de tales.


Artículo 227.- De la afiliación.- La afiliación de los titulares de derechos de autor o de derechos conexos a una sociedad de gestión colectiva será voluntaria.

La representación conferida a las sociedades de gestión colectiva de acuerdo con este Capítulo no menoscabará la facultad de los titulares para ejercitar directamente los derechos que se les reconocen en este Título.

Sección II: De la aprobación y monitoreo de las sociedades de gestión colectiva

Parágrafo Primero: De los requisitos generales para la constitución y autorización de funcionamiento

Artículo 228.- De la aprobación de los estatutos de las sociedades de gestión colectiva.- Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva serán aprobados por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, que también autorizará su funcionamiento. Además, dichas sociedades estarán sujetas al monitoreo, control e intervención de la mencionada autoridad.


Artículo 229.- Requisitos.- Son requisitos generales para la constitución de sociedades de gestión colectiva:

  1. Que el estatuto de la entidad solicitante cumpla los requisitos establecidos en este Capítulo;
  2. Que cuenten con un mínimo de cincuenta socios que sean titulares ecuatorianos de los derechos a ser gestionados; y,
  3. Que cuenten con recursos suficientes para realizar las gestiones y actividades que se requieren para completar el proceso de autorización de funcionamiento como sociedad de gestión colectiva solicitante.


Artículo 230.- De la autorización de funcionamiento.- Son requisitos generales para la autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva:

  1. Que se encuentre debidamente constituida;
  2. Que de los datos aportados y de la información recabada por la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, se desprenda que la entidad solicitante reúne los recursos suficientes para asegurar la eficaz administración de los derechos cuya gestión le será encomendada;
  3. Que acredite representar un repertorio cuantitativamente significativo de las obras u otras prestaciones protegidas a administrar;
  4. Que demuestre que se encuentra en capacidad de realizar la gestión colectiva en el extranjero; y,
  5. Que cuente con todos los manuales y procedimientos internos de acuerdo con las mejores prácticas y recomendaciones de la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Parágrafo Segundo: De los estatutos de las sociedades de gestión colectiva

Artículo 231.- Del Estatuto.- Sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones legales aplicables y en el reglamento, el estatuto de las sociedades de gestión deberá, en especial, prescribir lo siguiente:

1. De los socios:

a) La exigencia de que únicamente podrán ser socios los titulares originarios o derivados de los derechos administrados.;
b) La forma y requisitos de admisión y retiro de la entidad, los casos de suspensión de derechos sociales y expulsión;
c) Los medios para acreditar la calidad de titulares de derechos de autor o conexos;
d) La forma de distribución de la recaudación;
e) Los criterios para la asignación de los beneficios sociales y previsionales;
f) Los derechos y deberes de los socios y su régimen disciplinario y, en particular, los derechos de información y de votación para la elección de los órganos de gobierno y de representación. El voto será democrático y secreto. Todos los socios tendrán derecho de participación en la elección de las autoridades de la sociedad; y,
g) Independientemente de las categorías de socios existentes en una sociedad de gestión colectiva, todos los socios tendrán el mismo derecho a participar en las decisiones que se adopten en asamblea.

2. De los órganos de gobierno y de representación:

a) Los órganos de gobierno y de representación de la sociedad y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, instalación, funcionamiento y adopción de resoluciones de los órganos de carácter colegiado.

Los órganos de gobierno serán la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Comité de Monitoreo. En la conformación del Consejo Directivo y el Comité de Monitoreo se garantizará la implementación de políticas de inclusión de género.

b) La exigencia de que únicamente podrán ser miembros del Consejo Directivo o del Comité de Monitoreo los socios que tengan residencia en el país, cuando se trate de personas naturales o que cuenten con un apoderado en el país cuando se trate de personas jurídicas de conformidad con el artículo 94 de este Código, que hubieren generado durante los doce meses anteriores a la elección una recaudación equivalente al mínimo que la sociedad de gestión establezca, con la aprobación que la autoridad competente en materia de derechos intelectuales determine y que no hubieren sido sujeto de sanciones penales, civiles o administrativas que evidencien falta de probidad en relación con la administración, dirección y ejercicio de funciones dentro de una sociedad de gestión o entidades relacionadas.

Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser simultáneamente miembros del Comité de Monitoreo. Ejercerán sus cargos por un máximo de cuatro años y podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional;

c) La Asamblea General, integrada por todos los miembros de la sociedad, es el órgano supremo de gobierno y sus competencias serán:

i. Conocer el presupuesto anual y su financiamiento;
ii. Conocer el informe económico y de gestión anual;
iii. Conocer los reglamentos de tarifas;
iv. Conocer los procedimientos de distribución;
v. Conocer los fundamentos utilizados por el Consejo Directivo y aprobados por el Consejo de Monitoreo para fijar los porcentajes de la recaudación destinados a costos de administración y a beneficios sociales dentro de los límites legales;
vi. Elegir a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Monitoreo;
vii. Resolver sobre la expulsión y la suspensión de un socio; y,
viii. Todos los demás que decidan sus socios mediante resolución en la Asamblea.

d) El Consejo Directivo cuyas competencias serán:

i. Dirigir y administrar la sociedad de gestión colectiva;
ii. Rendir informe de su gestión en cada Asamblea General;
iii. Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos cuando fuere pertinente;
iv. Fijar la remuneración que corresponda al Presidente y Director General de acuerdo con el presupuesto para presentarlo a la Asamblea;
v. Establecer las tarifas previa revisión del Comité de Monitoreo; y,
vi. Las demás que se establezcan en este Código, el respectivo reglamento y el estatuto de la sociedad de gestión colectiva.

e) El Consejo de Monitoreo cuyas competencias serán:

i. Revisar y presentar observaciones a los montos máximos que puede asignar el Consejo Directivo, las indemnizaciones y remuneraciones del Director General y administradores de la sociedad;
ii. Revisar y presentar observaciones al presupuesto anual y su financiamiento;
iii. Revisar y presentar observaciones al informe económico y de gestión anual;
iv. Revisar y presentar observaciones a los reglamentos de tarifas;
v. Revisar y presentar observaciones a los procedimientos de distribución;
vi. Revisar y presentar observaciones sobre los criterios para fijar los porcentajes de la recaudación destinados a costos de administración y a beneficios sociales dentro de los límites legales.

3. Del patrimonio y balances:

a) El patrimonio inicial y los recursos previstos;
b) El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, deberá estar sujeto a la aprobación por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales;
c) La exigencia de someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado de una terna presentada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales escogido por la sociedad de gestión colectiva a su costa, y la obligación de poner dicho examen a disposición de los socios, debiendo además remitir copia del mismo a dicha autoridad dentro de los cinco días de concluido, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de monitoreo, de acuerdo con los estatutos; y,
d) La prohibición para la sociedad de gestión colectiva de celebrar contratos con los miembros de los órganos de gobierno y de representación, así como con el cónyuge, conviviente o con los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos miembros, con excepción de los contratos de administración y todas aquellas convenciones que vinculen a un socio o administrado con la sociedad para la representación de sus derechos.

La misma prohibición se aplicará para la contratación con personas jurídicas en las que cualquiera de dichas personas sea representante, funcionario o socio.


Parágrafo Tercero: Del destino de las recaudaciones

Artículo 232.- De la asignación de gastos administrativos de las sociedades de gestión colectiva.- La Asamblea General estará obligada a establecer anualmente el porcentaje destinado a gastos administrativos y gastos de gestión, que sumados no podrá superar el treinta por ciento de la recaudación total.

Un porcentaje no mayor al diez por ciento de lo recaudado deberá ser invertido en proyectos de fomento de la actividad creativa de los socios, que deberán ser aprobados por la Asamblea General de la entidad de gestión.

El porcentaje que se destine a beneficios asistenciales y previsionales no podrá ser mayor al diez ni menor al cinco por ciento de lo recaudado, conforme lo establezca la Asamblea General. En el caso de que los socios sean personas jurídicas, tales valores deberán sumarse al porcentaje de fomento de la actividad creativa.

Excepcionalmente, previo dictamen del comité de monitoreo y autorización de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, el porcentaje correspondiente a gastos administrativos y gastos de gestión podrá ser de hasta el treinta y cinco por ciento, en disminución del monto destinado al fomento de actividades creativas de los socios. Cuando el porcentaje de gastos administrativos y gastos de gestión sea inferior al treinta por ciento de recaudación total, el remanente se sumará al porcentaje de distribución.

Al menos el cincuenta por ciento de la recaudación total, deberá distribuirse obligatoriamente en forma equitativa entre los diversos titulares de derechos, en forma proporcional a la explotación real de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas, según el caso.

Para el caso de sociedades de gestión colectiva que se conformen a partir de la expedición de este Código, al porcentaje de los gastos administrativos y gastos de gestión, durante los tres primeros años, podrán sumarse el porcentaje de beneficios asistenciales y previsionales y el porcentaje destinado a proyectos de fomento de la actividad creativa.


Parágrafo Cuarto: De las obligaciones de los miembros de los órganos de gobierno y de representación

Artículo 234.- De las obligaciones del Consejo Directivo, del Comité de Monitoreo y el Director General.- Los miembros del Consejo Directivo, del Comité de Monitoreo y el Director General, al momento de asumir sus cargos y cada dos años, deberán presentar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales una declaración juramentada de no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades que se establecen en este Capítulo junto con una declaración juramentada de bienes y rentas.


Parágrafo Quinto: De las obligaciones posteriores a la autorización de funcionamiento

Artículo 235- De las obligaciones de las sociedades de gestión colectiva.- Sin perjuicio de otras obligaciones previstas en sus estatutos, las sociedades de gestión colectiva deberán una vez autorizadas:

  1. Publicar, por lo menos anualmente, en un diario de amplia circulación nacional, el balance general y los estados de resultados; y,
  2. Remitir a sus socios, por lo menos semestralmente, información completa y detallada de todas las actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos.


Parágrafo Sexto: De las tarifas

Artículo 236.- De la creación de una base de datos.- Las sociedades de gestión colectiva deberán mantener actualizada una base de datos de acceso público con información clara y precisa de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas cuyos derechos de autor o derechos conexos gestionan, así como de las personas que son sus asociados y representados nacionales y extranjeros, con indicación de:

  1. La singularización de cada una de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas que representa respecto de cada titular o representado;
  2. Las tarifas por cada tipo de utilización y categoría de usuario;
  3. Los usos reportados para cada obra;
  4. Los métodos aplicados para la distribución; y
  5. Adicionalmente, la sociedad de gestión colectiva pondrá a disposición permanentemente de forma física o electrónica de los socios: el presupuesto anual, la normativa interna, informes de gestión y reparto para socios.

Esta información deberá estar disponible al público tanto en los sitios en línea de las sociedades de gestión colectiva como en el domicilio social.


Artículo 237.- De las tarifas.- Las sociedades de gestión colectiva establecerán tarifas razonables, equitativas y proporcionales por el uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas comprendidas en sus respectivos repertorios.

Las tarifas establecidas estarán sujetas a la autorización de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, la que previamente recabará o solicitará los antecedentes fácticos y técnicos que las justifiquen, así como al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en este Código, el reglamento respectivo y los estatutos de la sociedad. Una vez autorizadas, las tarifas serán publicadas en el Registro Oficial y en un diario de amplia circulación nacional por disposición de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Artículo 238.- De la celebración de contratos.- Las sociedades de gestión colectiva podrán celebrar contratos con asociaciones o gremios de usuarios que establezcan tarifas para utilizaciones en particular. Cualquier interesado podrá acogerse a estas tarifas si así lo solicita por escrito a la entidad de gestión correspondiente.


Parágrafo Séptimo: De la liquidación y distribución de las recaudaciones

Artículo 239.- De las sociedades de gestión colectiva por género de obra.- Si existieren dos o más sociedades de gestión colectiva por género de obra, deberá constituirse una entidad recaudadora única, cuyo objeto social sea exclusivamente la recaudación de derechos patrimoniales por cuenta de las sociedades constituyentes. Si las sociedades de gestión no acordaren la formación, organización y representación de una entidad recaudadora, su designación y conformación corresponderá a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

En cualquier caso, la entidad recaudadora única a que hace referencia el inciso precedente se constituirá con la autorización de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Los costos de recaudación de la entidad recaudadora única serán imputados a los costos de administración de las respectivas sociedades de gestión representadas.


Artículo 240.- Del reparto de las recaudaciones.- Al momento del reparto de las recaudaciones, las sociedades de gestión colectiva deberán suministrar información suficiente que permita entender al socio la forma mediante la cual se procedió a la liquidación respectiva. El suministro de información será individual para cada socio mediante el formato que, para el efecto, autorice la autoridad competente en materia de derechos intelectuales a cada sociedad de gestión colectiva.


Artículo 241.- Del tipo de recaudaciones.- Las recaudaciones deberán ser efectivamente liquidadas, distribuidas y pagadas por las sociedades de gestión colectiva a los titulares de los derechos correspondientes a más tardar dentro del semestre siguiente a su percepción por la sociedad respectiva. Se exceptúan los casos en que la autoridad competente en materia de derechos intelectuales autorice un plazo diferente previa aprobación de la Asamblea General.

Las fechas exactas de pagos a los socios deberán ser informadas anualmente a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y a los socios a más tardar dentro del primer trimestre de cada año.


Artículo 242.- Multas por mala fe.- Quien explote una obra, interpretación o ejecución, emisión o fonograma en contravención de este Título deberá pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre la tarifa, calculada por todo el tiempo en que de mala fe haya efectuado la explotación. El pago de este recargo se realizará sin perjuicio del pago de las cantidades debidas por la explotación.

El inciso anterior se aplicará también a las sociedades de gestión colectiva en caso de que hubieren otorgado licencias sobre obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas que no representen, debiendo en todo caso garantizar al licenciatario el uso y goce pacífico de los derechos correspondientes.

La acción para exigir el pago de que trata este artículo prescribirá a los dos años contados a partir de la fecha del acto que le dio origen.


Artículo 243.- De la obligación de llevar registro los organismos de radiodifusión, televisión o cable.- Todos los organismos de radiodifusión, televisión o cable y en general quienes realicen comunicación al público de obras, interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas protegidos, con fines comerciales y que realicen una selección detallada de los materiales que comunican directamente al público, deberán llevar catálogos, registros o planillas mensuales en las que se registrará por orden de difusión, el título de las obras difundidas y el nombre de los autores o titulares de los derechos de autor y derechos conexos que correspondan y sean de su conocimiento. Dichos catálogos, registros o planillas deberán ser remitidos a cada una de las sociedades de gestión colectiva y a la entidad única recaudadora de los derechos por comunicación pública para los fines establecidos en este Capítulo.

La sociedad de gestión colectiva deberá otorgar recibos o constancias que den cuenta de la recepción de los catálogos, registros o planillas de los que trata el presente artículo.


Parágrafo Octavo: De la fiscalización, intervención y sanción

Artículo 244.- De las visitas de inspección y monitoreo.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá, de oficio o a petición de parte interesada, realizar visitas de inspección y monitoreo para verificar el correcto funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva así como realizar sumarios o investigaciones en los casos de infracciones a la normativa que las rige.

En cualquier caso, de oficio o a petición de parte interesada, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá realizar diligencias e investigaciones, e intervenir una sociedad de gestión colectiva, si ésta no cumple con la normativa que las rige. La intervención comprenderá todos los ámbitos de la sociedad. Producida la intervención, los actos y contratos deberán ser autorizados por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales para su validez.

La intervención podrá ser decretada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, previa una investigación y mediante un acto administrativo debidamente motivado, como medida cautelar previa o durante la sustanciación de una investigación o sumario en contra de una sociedad de gestión colectiva. Para estos efectos, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales designará como interventor a un funcionario de dicha autoridad u otra persona que revista las condiciones técnicas adecuadas para el ejercicio de la función. La intervención durará hasta que se concluya el sumario o investigación. En los casos calificados por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, podrá decretarse la intervención, como medida para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas a la sociedad de gestión por infracciones a la normativa que las rige, y hasta que ésta las subsane.

Artículo 245.- Sanciones a las sociedades de gestión.- Si la sociedad de gestión colectiva no cumpliere con las disposiciones de este Código, el respectivo reglamento o de sus Estatutos, observando el procedimiento en el artículo anterior; y no subsanare el incumplimiento, dentro del plazo establecido por la autoridad nacional competente, podrá imponer, en relación con la gravedad de la infracción o la reincidencia una de las sanciones que se detallan en este artículo.

Las sanciones se impondrán considerando los siguientes criterios, la gravedad del incumplimiento e inobservancia de las normas establecidas en este Código y demás normas aplicables: y, el haber incurrido en el hecho por primera vez o de forma reincidente.

En caso de concurrencia de faltas se impondrá la sanción por la falta más grave. De ser todas de igual gravedad se impondrá el máximo de la sanción.

Las sanciones son las que a continuación se detallan:

  1. Amonestación escrita;
  2. Multa;
  3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un plazo de seis meses; y,
  4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento.

Cuando una sociedad de gestión colectiva haya sido sancionada deberá comunicar a sus socios con el alcance de la misma y la autoridad competente en materia de derechos intelectuales hará pública dicha sanción en la forma que determine el reglamento respectivo. En caso de incumplimiento de esta disposición la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá sancionarla con la multa que para el efecto determina el reglamento.

En los casos en que las infracciones sean resultado de dolo o culpa grave del Director General, de los administradores, de los miembros del Consejo Directivo o del Comité de Monitoreo, la sociedad de gestión colectiva deberá repetir contra los respectivos funcionarios por los perjuicios ocasionados a título de multa en virtud de este artículo.

Artículo 246.- Determinación de incumplimientos o inobservancia.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a petición de parte interesada realizar inspecciones o diligencias para determinar los incumplimientos o inobservancia de las normas de este Código y demás normas aplicables al funcionamiento de las Sociedades de Gestión Colectiva, por parte de los administradores, Consejo Directivo y Comité de Monitoreo. En caso de que se establezcan responsabilidades por parte de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, dispondrá que la Sociedad Colectiva Gestión proceda a imponer las siguientes sanciones:

  1. Amonestación escrita;
  2. Multa, y;
  3. Destitución del cargo.

Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de las acciones que correspondan conforme a lo que establezca el derecho común.


Artículo 247.- Efectos de la suspensión de una sociedad de gestión colectiva.- En caso de que se decrete la suspensión de la autorización de funcionamiento, la sociedad de gestión conservará su personalidad jurídica únicamente al efecto de subsanar el incumplimiento. Si la sociedad no subsanare el incumplimiento en un plazo máximo de seis meses de decretada la suspensión, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales revocará definitivamente la autorización de funcionamiento de la sociedad; en este caso, se procederá a la liquidación de la sociedad y a la devolución inmediata de lo que corresponda entre los socios, en partes iguales.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de suspensión de la autorización de funcionamiento, la sociedad podrá, bajo control de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, recaudar los derechos patrimoniales de los autores representados por dicha sociedad.

El fruto de la recaudación será depositado en una cuenta separada a nombre de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y será devuelto de manera inmediata a la sociedad una vez expedida la resolución por la cual se deje sin efecto la suspensión.


Artículo 248.- Del acceso a mediación.- Si una asociación, gremio o grupo representativo de usuarios, cuya representación se encuentre debidamente justificada, considera que la tarifa establecida por una sociedad de gestión colectiva es fijada o aplicada de forma abusiva o incorrecta, podrá solicitar la mediación de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Título II: De la propiedad industrial

Capítulo I: De la reinvindicación de prioridad

Artículo 249.- Del derecho de prioridad.- La primera solicitud de concesión de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro país miembro de la Comunidad Andina o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el Ecuador estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece el presente Capítulo, conferirá al solicitante o a su derechohabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

  1. Doce meses para las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
  2. Seis meses para las solicitudes de registro de diseños industriales y de marcas.


Artículo 250.- De los requisitos para invocar el derecho de prioridad.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y su número.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

  1. En el caso de solicitudes de concesión de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,
  2. En el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió y un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.


Artículo 251.- Pérdida de la prioridad.- El incumplimiento de los plazos o de la presentación de los documentos señalados en los artículos anteriores acarreará la pérdida de la prioridad invocada.


Capítulo II: De las patentes de inveción

Artículo 252.- De las patentes de invención.- El sistema de patentes constituye una herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución del buen vivir.


Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 253.- De la Materia protegible.- Se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.


Artículo 254.- No se considerarán invenciones.- No se consideran invenciones:

  1. Los descubrimientos, los principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;
  2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, o aquél que pueda ser aislado, inclusive genes, proteínas, genoma o germoplasma de cualquier ser vivo;
  3. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
  4. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
  5. El software o el soporte lógico, como tal;
  6. Las formas de presentar información;
  7. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados;
  8. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros;
  9. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilización de un procedimiento o de una máquina o aparato conocidos; y,
  10. Los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad, como tales.


Artículo 255.- De la novedad.- Una invención se considerará nueva cuando no estuviese comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el ‘‘‘Artículo 275.


Artículo 256.- No divulgaciones de la patentabilidad.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

  1. El inventor o su derechohabiente;
  2. Una oficina nacional competente que en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su derechohabiente;
  3. Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
  4. Una orden de autoridad;
  5. Un abuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,
  6. Del hecho que el solicitante o su derechohabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.


Artículo 257.- Del nivel inventivo.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica y además constituya un aporte técnico significativo.

Se entenderá por persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a un experto o grupo de expertos con calificación derivada de estudios y experiencia en el área técnica de la invención.


Artículo 258.- De la aplicabilidad industrial.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pudiese ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.


Artículo 259.- Invenciones no patentables.- No será patentable lo siguiente:

  1. Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema. A estos efectos, no se considerará contraria al orden público o a la moral la explotación comercial de una invención, por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
  2. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
  3. Las plantas y los animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para obtención de plantas o animales que no sean procedimientos no-biológicos o microbiológicos; y,
  4. Los conocimientos tradicionales.

Para efectos de lo establecido en el numeral 1, no serán patentables, entre otros:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;
b) El cuerpo humano y su identidad genética;
c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,
d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales.


Artículo 260.- Productos o procedimientos no objeto a una segunda patente.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 255, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.


Sección II: De los titulares

Artículo 261.- Del titular de la patente.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han realizado conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus derechohabientes. No se considerará como inventor ni coinventor a quien no haya aportado una actividad inventiva, como, por ejemplo, quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención.

Si varias personas realizan la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua, o a su derecho habiente.


Artículo 262.- Distribución de titularidad, beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación.- En el caso de invenciones realizadas en el curso de investigaciones o actividades académicas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos de investigación o utilizando sus medios o bajo su dirección, por parte de profesores, investigadores o alumnos, la titularidad y la distribución de beneficios derivados de la explotación de la patente corresponderá, en un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento, a favor de los inventores involucrados tales como: profesores, investigadores o alumnos. Este derecho será aplicable aún en los casos de transferencia o transmisión de la titularidad de la patente.

El derecho contemplado en este artículo a favor de los profesores, investigadores o alumnos es irrenunciable e inalienable.

Los gastos relacionados con la protección y observancia, así como los actos y contratos posteriores a la solicitud o concesión de la patente, correrán por cuenta del titular mayoritario.

La patente podrá ser transferida por acto entre vivos, en cuyo caso los centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, así como los institutos públicos de investigación, no podrán transferir un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento de la solicitud o titularidad de la patente.


Artículo 263.- De la titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.- Para los casos no comprendidos en el artículo anterior, el derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario. No obstante, los inventores tendrán el derecho irrenunciable a participar en la titularidad y en los beneficios derivados de la explotación de la patente en un porcentaje no inferior al veinte y cinco por ciento.

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, la titularidad le corresponderá al empleador. En estos casos, los inventores no tendrán derecho a percibir el porcentaje establecido en el inciso anterior.


Artículo 264.- Derecho de paternidad del inventor.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente o podrá igualmente oponerse a esta mención.


Sección III: De la solicitud de patente

Artículo 265.- De la solicitud de la patente.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento.


Artículo 266.- Descripción de la patente.- La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin requerir una experimentación indebida. La descripción indicará el título de la invención e incluirá la siguiente información:

  1. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
  2. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
  3. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
  4. Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
  5. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes;
  6. Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención; y,
  7. Una indicación de que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de la presentación de la solicitud.


Artículo 267.- Depósito de material biológico.- Cuando la invención se refiera a material biológico, que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicho material en una institución depositaria autorizada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de conformidad con el respectivo reglamento.

El depósito deberá efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque.

Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se realiza en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 275 de este Código.


Artículo 268.- De la patente y la divulgación de origen.- De acuerdo a lo previsto en los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es parte, este Código y su reglamento respectivo, en el caso de que el objeto de una solicitud de patente implique la utilización de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, el solicitante deberá informar:

  1. El país donde se obtuvieron esos recursos o los conocimientos tradicionales asociados; y,
  2. La fuente, con inclusión de pormenores respecto a la entidad, en su caso, de la que se obtuvieron esos recursos o los conocimientos tradicionales asociados.

Deberá igualmente adjuntar copia de un certificado de cumplimiento con la legislación de acceso a recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados reconocido internacionalmente. Si un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente no es aplicable en el país proveedor, el solicitante deberá proporcionar información pertinente en cuanto a la conformidad con el consentimiento fundamentado previo y el acceso y la participación justa y equitativa en los beneficios, tal como lo exija la legislación nacional del país que aporte los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados, que sea el país de origen de dichos recursos o un país que haya adquirido los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los demás tratados internacionales de los que Ecuador es parte.


Artículo 269.- De las reivindicaciones.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

En el caso de reivindicaciones sobre un grupo de productos químico-farmacéuticos, la solicitud deberá proveer información suficiente sobre ensayos y experimentaciones efectuados para posibilitar la reproducción de cada forma de realización de la invención, salvo que la descripción presente pruebas de que se obtendría el mismo resultado divulgado si se sustituye cualquier elemento del grupo reivindicado.


Artículo 270.- Del resumen.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Si la invención consistiera en un producto farmacéutico, se deberá indicar su nombre genérico internacional, cuando fuera conocido a la fecha de la solicitud.

El resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.


Artículo 271.- De la unidad de invención.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.


Artículo 272.- Sanciones por falsedad u omisión deliberada.- La falsedad u omisión deliberada de información en la solicitud que pueda llevar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales a error en el examen de aquella será causal de rechazo de la misma o de nulidad de la patente concedida, sin perjuicio del reclamo por daños y perjuicios de cualquier tercero afectado.


Artículo 273.- Modificaciones de la solicitud.- De oficio o a solicitud de parte se podrá modificar, la solicitud en cualquier momento del trámite hasta antes de que la autoridad competente en materia de derechos intelectuales emita una resolución administrativa en primera instancia. La modificación no podrá implicar un cambio del objeto de la invención ni una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

De igual forma, el solicitante podrá dividir o fusionar una solicitud de patente o convertirla en una modelo de utilidad, de ser el caso.


Artículo 274.- Remisión.- El reglamento correspondiente establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, entre otros, para el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones, y la concesión o denegación de la solicitud.


Artículo 275.- Del carácter público del expediente.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado por terceros, y la autoridad competente en materia de derechos intelectuales ordenará la publicación de la solicitud en el medio de difusión respectivo. La publicación incluirá la primera reivindicación y, si es el caso, un extracto de la información requerida.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales ordenará su publicación.


Artículo 276.- Del carácter reservado del expediente.- Mientras la publicación no se realice o no hubiese transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el expediente será reservado y sólo podrá ser consultado por terceros con el consentimiento del solicitante. Esta disposición será aplicable también en caso de abandono de la solicitud antes de la publicación.

No obstante el inciso anterior, cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin el consentimiento del solicitante.


Sección V: De los derechos y limitaciones

Artículo 277.- Duración del registro de una patente.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Se tendrá por fecha de presentación:

  1. Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentación de la solicitud certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.
  2. Para el caso de solicitudes internacionales, la fecha de presentación de la solicitud internacional; o,
  3. Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo algún otro tratado, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindique.

No existirá ningún tipo de protección adicional o complementaria, bajo ninguna clase de título o modalidad, que extienda el plazo señalado en este artículo.


Artículo 278.- Alcance de la protección.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción, dibujos o planos, material biológico y cualquier otro elemento depositado ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales servirán para interpretar las reivindicaciones.


Artículo 279.- Derechos del titular de una patente.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

  1. Cuando en la patente se reivindica un producto:
    1. Fabricar el producto;
    2. Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
  2. Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
    1. Emplear el procedimiento; o,
    2. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el numeral 1 respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.


Artículo 280.- Limitaciones al derecho del titular de una patente.- El titular de una patente no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior en cualquiera de los siguientes casos:

  1. Actos realizados en el ámbito privado y a escala no comercial;
  2. Actos realizados con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
  3. Actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
  4. Actos referidos en el Artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
  5. Cuando la patente proteja un material biológico, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada; y,
  6. Actos relacionados con el testeo, uso, fabricación o venta de una invención patentada con el único fin de generar y presentar información requerida para la aprobación de la fabricación, uso o venta de cualquier producto, incluyendo productos farmacéuticos y químicos agrícolas, en el Ecuador o en otro país, así como, para la producción de productos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente.


Artículo 281.- Del agotamiento del derecho.- La patente no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación, o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.


Artículo 282.- Usuario previo.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en el presente Capítulo, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.


Artículo 283.- De la transferencia.- Una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales toda transferencia, sobre una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

A efectos de la inscripción, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia.


Artículo 284.- De la concesión de licencias.- Una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión podrá ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales toda licencia de explotación de una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

A efectos de la inscripción, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una licencia.

En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá solicitar su inscripción a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.

Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.


Artículo 285.- Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribirá los contratos a través de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma.


Sección VI: De los actos posteriores a la concesión

Artículo 286.- Modificaciones al Registro.- El titular de una patente concedida deberá inscribir ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular, o de su representante o apoderado. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.


Artículo 287.- De las reformas a las reivindicaciones.- El titular de una patente podrá pedir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se modifique la patente para limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.


Sección VII: De la renuncia

Artículo 288.- De la renuncia.- El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.


Sección VIII: De la nulidad de la patente

Artículo 289.- Nulidad absoluta de la patente.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de una patente, en los siguientes casos:

  1. Si el objeto de la patente no constituyese una invención;
  2. Si la patente hubiese sido concedida para una invención no patentable;
  3. Si la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad;
  4. Si la patente no divulgase suficientemente la invención;
  5. Si las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas en la descripción;
  6. Si la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
  7. De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que el Ecuador es país de origen;
  8. De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales del Ecuador o los países miembros de la Comunidad Andina, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que el Ecuador o cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen;
  9. Si la patente hubiese sido concedida en contravención del Artículo 268;
  10. Si la patente hubiese sido concedida en contravención del Artículo 272;
  11. Si se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los actos administrativos; y,
  12. Si la patente hubiese sido concedida con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.


Artículo 290.- De la nulidad relativa.- Los actos administrativos afectados por vicios que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente

Artículo 291.- Acción de anulación por falta de derecho.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.


Artículo 292.- Notificación y presentación de argumentos y pruebas.- En los casos de nulidad, se notificará a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten las pruebas que estimen convenientes.

Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, se podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el Artículo 286 relativos a la patente objeto del procedimiento.


Artículo 293.- Plazos para la presentación de argumentos y pruebas.- Los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Antes del vencimiento del plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.


Artículo 294.- Daños y perjuicios.- Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios.


Artículo 295.- Caducidad de la patente y plazo de gracia.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales fijadas por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Las anualidades podrán pagarse por adelantado.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud, según el Artículo 277. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.


Sección X: Del régimen de licencias obligatorias

Artículo 296.- Otorgamiento de licencia obligatoria por falta de uso.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor , la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no hubiere sido objeto de explotación, o si ésta hubiera estado suspendida por más de un año.

Se entenderá por explotación la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado en el Ecuador junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción por restricciones impuestas por leyes o reglamentaciones, o razones de fuerza mayor o caso fortuito.


Artículo 297.- Notificación y alcance de la licencia obligatoria.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La autoridad competente en materia de derechos intelectuales establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando, en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.


Artículo 298.- Modificación de condiciones de las licencias obligatorias.- A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas en la licencia obligatoria.


Artículo 299.- Obligaciones del licenciatario.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo casos de inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, durante los cuales se suspenderá el plazo de concesión a favor del licenciatario.

En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales revocará la licencia obligatoria.


Artículo 300.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por razones de interés público.- Previo declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá, en cualquier momento y sin necesidad de negociación previa con el titular de la patente, disponer el uso público no comercial de una invención patentada por una entidad gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria. La autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgará las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta Sección. El titular de la patente será notificado cuando sea razonablemente posible.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 304 de este Capítulo.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.


Artículo 301.- Licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas.- De oficio o a petición de parte, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia como contrarias a la normativa correspondiente, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la remuneración en beneficio del titular de la patente, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.


Artículo 302.- Licencia obligatoria por dependencia.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una segunda patente cuya explotación requiera necesariamente del empleo de una primera patente. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 304, a lo siguiente:

  1. La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
  2. El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
  3. No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.


Artículo 303.- Licencia obligatoria para el titular de una obtención vegetal.- Cuando el obtentor de una variedad vegetal no pudiere explotar un certificado de obtentor sin vulnerar el derecho resultante de una patente de invención, podrá solicitar una licencia obligatoria sobre esa patente en la medida en que fuese necesaria para explotar la variedad objeto de ese certificado.

En este caso, el titular de la patente tendrá derecho a una licencia obligatoria recíproca para utilizar la variedad protegida en cuanto fuese necesario para explotar la invención patentada.

La licencia obligatoria que se conceda sólo podrá transferirse con el certificado o la patente cuya explotación necesita la licencia.


Artículo 304.- Condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias.- El otorgamiento de licencias obligatorias y el uso público no comercial regulados en esta Sección estarán sujetos a lo siguiente:

  1. Cuando se solicite una licencia obligatoria según los artículos 296, 302 y 303, el potencial licenciatario deberá probar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y, que esos intentos no han sido contestados o lo han sido negativamente, dentro de un plazo no inferior a cuatro meses contados a partir de la solicitud formal en que se hubieren incluido tales términos y condiciones en forma suficiente para permitir al titular de la patente formarse criterio. Tratándose de casos de emergencia nacional, o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial, se notificará al titular del derecho de propiedad intelectual en cuanto sea razonablemente posible;
  2. La licencia obligatoria no será exclusiva y no se podrán conceder sublicencias. Solo podrá transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo la transferencia constar por escrito e inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales;
  3. La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno, salvo cuando se trate de la exportación de productos farmacéuticos conforme a la Decisión de la Organización Mundial del Comercio del 30 de agosto de 2003 o de la norma que la sustituya, o salvo cuando se trate de prácticas que hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia como contrarias a la normativa correspondiente;
  4. El licenciatario deberá reconocer en beneficio del titular de la patente una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia o uso público no comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 301. En defecto de acuerdo entre las partes, luego del término de treinta días de notificada la decisión de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales al titular de la patente sobre la concesión de la licencia o del uso público no comercial, la remuneración será determinada por dicha autoridad;
  5. La licencia obligatoria podrá revocarse, a reserva de la protección adecuada de las personas que han recibido autorización para el uso de la patente, a petición motivada del titular de la patente, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.
  6. El alcance y la duración de la licencia obligatoria se limitarán en función de los fines para los que se concediera; y,
  7. Tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia como contraria a la normativa correspondiente.


Artículo 305.- Impugnación de la licencia obligatoria.- La impugnación de la licencia obligatoria o del uso público no comercial concedido de acuerdo con esta Sección no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los términos y plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, en la parte no reclamada.

Capítulo III: De los modelos de utilidad

Artículo 306.- Materia protegible bajo modelo de utilidad.- Se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.


Artículo 307.- Materia no protegible bajo modelo de utilidad.- Los procedimientos no podrán patentarse como modelos de utilidad ni tampoco las materias excluidas de protección como patentes de invención.

Tampoco se considerarán modelos de utilidad, las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.


Artículo 308.- Cambio de modalidad de la solicitud de patente.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita.


Artículo 309.- Disposiciones aplicables a las patentes de modelo de utilidad.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los términos y plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad conforme lo disponga el correspondiente reglamento. No obstante lo anterior, el plazo establecido en el Artículo 275 será de doce meses.


Artículo 310.- Plazo de protección de los modelos de utilidad.- El plazo de protección de los modelos de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente, de conformidad con el Artículo 277.


Capítulo IV: De los esquemas de trazado de circuitos integrados

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 311.- Originalidad de un esquema de trazado.- Un esquema de trazado será protegido cuando sea original. Un esquema de trazado será considerado original cuando resulte del esfuerzo intelectual propio de su creador y no sea corriente entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el inciso anterior.


Sección II: De los titulares

Artículo 312.- Titularidad.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso de que el esquema hubiere sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho al registro les corresponderá en común.


Artículo 313.- Distribución de titularidad y beneficios de los esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados en centros educativos y de investigación.- Se aplicará el Artículo 262 de este Código cuando el esquema se hubiere diseñado en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en dicho artículo.


Artículo 314.- De la titularidad del esquema de trazado de circuitos integrados desarrollados en cumplimiento de un contrato.- Se aplicará el Artículo 263 de este Código cuando el esquema se hubiere diseñado en cumplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral.


Sección III: De la solicitud

Artículo 315.- Plazo de presentación.- En caso de que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentare después de vencido ese plazo, el registro será denegado.


Sección IV: Del trámite de la solicitud

Artículo 316.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento. De igual forma, se establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud en el reglamento correspondiente .


Sección V: De los derechos y limitaciones

Artículo 317.- Duración de la protección del esquema de trazado.- La protección sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

  1. La fecha en que se hubiere realizado la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo; o,
  2. La fecha en que se hubiere presentado la solicitud de registro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de quince años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.


Artículo 318.- Independencia de protección.- La protección sobre un esquema de trazado registrado se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre incorporado en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.


Artículo 319.- Derechos del titular de un registro.- El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento realizar cualquiera de los siguientes actos con fines comerciales:

  1. Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 311;
  2. Importar, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o,
  3. Importar, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.


Artículo 320.- Ámbito de la protección.- La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ninguna idea, algoritmo, concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.


Artículo 321.- Limitaciones al derecho del titular.- El registro de un esquema de trazado no conferirá el derecho de impedir los siguientes actos:

  1. Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
  2. Actos realizados con fines de evaluación, análisis o experimentación;
  3. Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica; y,
  4. Actos referidos en el Artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.


Artículo 322.- Del agotamiento del derecho.- El registro de un esquema de trazado no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Artículo 323- Segundo esquema de trazado creado mediante evaluación.- El titular del registro de un primer esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un segundo esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del primer esquema de trazado protegido, siempre que el segundo esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 311. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el segundo esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.


Artículo 324.- Creación independiente.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el Artículo 319 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.


Artículo 325.- No infracción de derechos.- No se considerará infracción a los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el Artículo 319 respecto de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que realizare u ordenare dichos actos demuestre que, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, desconocía que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona reciba aviso suficiente de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes, pero, a petición del titular del registro, deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.


Artículo 326.- Aplicación y procedimiento concerniente a las solicitudes de registro y a los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados.- Será aplicable a las solicitudes de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados y a los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados lo dispuesto en los artículos 283 a 286 de este Código.


Sección VI: De la nulidad del registro

Artículo 327.- De nulidad absoluta.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a petición de parte, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de un registro de esquema de trazado, en los siguientes casos:

  1. El objeto del registro no constituyese un esquema de trazado;
  2. El registro no cumpliese con los requisitos de protección previstos en el Artículo 311;
  3. El registro hubiese sido concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido el plazo señalado en el Artículo 315; y,
  4. Se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ellas en su conjunto cumplan con el requisito de originalidad previsto en el Artículo 311.


Artículo 328.- Procedimiento para declarar la nulidad de registro de sistema de trazado.- En cuanto a la nulidad de un registro de esquema de trazado, serán aplicables los artículos 290 y 293 de este Código.


Sección VII: Del régimen de licencias

Artículo 329.- Licencias obligatorias.- Por falta de explotación o por razones de interés público, en particular de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá, a petición de una persona interesada o de autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

  1. Que un esquema de trazado registrado sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o,
  2. Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención, en lo que fuere pertinente.

Capítulo III: De los diseños industriales

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 330.- Materia protegible.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.


Artículo 331.- Requisitos de protección.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no se considerará nuevo si, antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiese hecho accesible al público en cualquier lugar del territorio nacional o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no se considerará nuevo por el mero hecho de que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.


Artículo 332.- Materia no protegible.- No serán registrables:

  1. Los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos, no se considerará contraria ala moral o al orden público la explotación comercial de un diseño industrial, por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
  2. Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;
  3. Los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular; y,
  4. Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.


Sección II: De los titulares

Artículo 333.- Titularidad.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su derechohabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.


Artículo 334.- De los titulares de derechos de diseños industriales creadas en las instituciones de educación superior y centro educativos.- Se aplicará el Artículo 262 de este Código cuando el diseño se hubiere realizado en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en dicho artículo.


Artículo 335.- Diseño industrial realizado en cumplimiento de un contrato.- Se aplicará el Artículo 263 de este Código cuando el diseño se hubiere realizado en cumplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral.


Sección III: De la solicitud de registro

Artículo 336.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un diseño industrial se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento. De igual forma, se establecerá en el reglamento de este Código los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud en el reglamento de este Código.


Sección IV: De los derechos y limitaciones

Artículo 337.- Duración del registro de diseño industrial.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Se tendrá por fecha de presentación:

  1. Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentación de la solicitud certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales; o,
  2. Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo algún tratado, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindique.


Artículo 338.- Derecho del titular de un diseño industrial.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también conferirá el derecho de actuar contra terceros que fabriquen, vendan o importen con fines comerciales un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea similar.


Artículo 339.- Ámbito de protección.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.


Artículo 340.- Del agotamiento del derecho.- El registro de un diseño industrial no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Sección V: De la nulidad del registro

Artículo 341.- Nulidad absoluta.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a petición de parte, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, en los siguientes casos:

  1. El objeto del registro no constituyese un diseño industrial;
  2. El diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección;
  3. El registro hubiese sido concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial; y,
  4. Se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.


Artículo 342.- Procedimiento aplicable a la nulidad.- En cuanto a la nulidad de un registro de diseño industrial, serán aplicables los artículos 290 a 293 de este Código.


Sección VI: Remisión

Artículo 343.- Disposiciones aplicables a los diseños industriales.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 256, 273, 280 numerales 1,2, 3 y 4, 283, 284, 285 y 286 de este Código


Capítulo VI: De las marcas

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 344.- Registro de marca.- Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

  1. Las palabras o combinación de palabras;
  2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
  3. Los sonidos y los olores;
  4. Las letras y los números;
  5. Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
  6. La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
  7. Cualquier combinación de los signos indicados en los apartados anteriores.

Las marcas de instituciones del sector público, deberán reflejar la identidad cognitiva y cultural del país, según lo establecido en el reglamento


Artículo 345.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

  1. No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
  2. Carezcan de distintividad;
  3. Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
  4. Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
  5. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
  6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
  7. Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
  8. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
  9. Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
  10. Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
  11. Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
  12. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre el solicitante y el estado u organización de que se trate;
  13. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía adoptados por los Estados cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
  14. Reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus símbolos oficiales, así como los nombres, siglas y símbolos oficiales de las instituciones, organismos y entidades públicas, o los signos que constituyan marca país, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente;
  15. Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades del país o los países miembros de la Comunidad Andina;
  16. Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
  17. Reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o,
  18. Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Los signos mencionados en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrán registrarse como marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar los productos o servicios del solicitante o su causante.


Artículo 346.- Prohibiciones Relativas.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

  1. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
  2. Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
  3. Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
  4. Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o hubiese sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero;
  5. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;
  6. Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;
  7. Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
  8. Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
  9. Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.


Artículo 347.- Solicitud de mala fe.- Cuando la autoridad competente en materia de derechos intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.


Artículo 348.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud.


Sección II: De los derechos y limitaciones

Artículo 349.- Derecho al uso exclusivo de una marca.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado.


Artículo 350.- Duración del registro de una marca.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.


Artículo 351.- Renovación de registro de marca.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación, no se exigirá prueba de uso de la marca. Bastará la presentación de la respectiva solicitud y la renovación se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.


Artículo 352.- Derecho conferidos por el registro de marca.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

  1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
  6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.


Artículo 353.- Uso de un signo en el comercio por parte de un tercero.- A efectos de lo previsto en los numerales 4, 5 y 6 del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

  1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
  2. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
  3. Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.


Artículo 354.- Uso de la marca por parte de terceros con propósitos informativos.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 355.- Uso de marca para anuncio.- El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.


Artículo 356.- Del agotamiento del derecho.- El registro de una marca no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Artículo 357.- Prohibición de comercialización de productos y servicios identificados con la marca extranjera.- Cuando en un país miembro de la Comunidad Andina se encuentre registrada una marca idéntica o similar a una registrada en el país pero a nombre de un titular diferente, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización en el país de los productos o servicios identificados con la marca extranjera, salvo que los titulares de las marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán asumir las obligaciones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán respetar el interés púbico y las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal. Además, se inscribirán ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país, según lo dispuesto en el Artículo 365, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.


Artículo 358.- Obligación de indicar el lugar de fabricación del producto o servicio.- Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.


Artículo 359.- Transferencia de registro de la marca.- Un registro de marca o una solicitud en trámite de registro es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales toda transferencia de una marca concedida o una solicitud en trámite de concesión.

Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

A efectos de la inscripción, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia. No obstante, la autoridad nacional competente podrá denegar dicha inscripción si la transferencia acarreare riesgo de confusión o de asociación.


Artículo 360.- Licencia para la explotación de la marca.- Un registro de marca o una solicitud en trámite de registro podrá ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una licencia.


Artículo 361.- Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribirá los contratos a través de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotación de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma.

Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.


Artículo 362- Modificaciones al registro.- El titular de una marca registrada deberá pedir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se inscriba cualquier cambio en el nombre, dirección u otros datos del titular, de su representante o apoderado. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.


Sección III: De la cancelación del registro

Artículo 363.- De la cancelación de registro de una marca.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.


Artículo 364.- Casos de fuerza mayor o caso fortuito.- El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o limitaciones oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.


Artículo 365.- Características del uso de la marca.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde el país o cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, según lo establecido en el párrafo anterior.


Artículo 366.- Uso de la marca que difiera de la forma en que fue registrada.- El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.


Artículo 367.- Pruebas para identificar el uso de la marca.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.


Artículo 368.- Reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca.- Cuando la falta de uso de una marca sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para lo cual se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.


Artículo 369.- Derecho preferente para presentar solicitud de marca.- La persona que obtuviere una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.


Artículo 370.- Dilución marcaria.- Se cancelará el registro de una marca o se dispondrá la limitación de su alcance, de oficio o a solicitud de persona interesada, cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca hubiere perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos, deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

  1. La necesidad que tuvieren los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
  2. El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,
  3. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.


Artículo 371.- Procedimiento de la acción de la cancelación.- Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas.

Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.


Sección IV: De la renuncia al registro

Artículo 372.- Renuncia del registro de marca.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a sus derechos sobre el registro. Si la renuncia fuere total, se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Artículo 373.- Nulidad del registro de marca.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de persona interesada, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta del registro de una marca en los siguientes casos:

  1. Cuando el registro hubiese sido concedido con base en datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;
  2. Cuando el registro hubiese sido concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 344 primer párrafo o Artículo 345;
  3. Cuando se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los actos administrativos; o,
  4. Cuando el registro hubiese sido concedido con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión.


Artículo 374.- Causales de nulidad del registro de marca.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada, declarará la nulidad relativa del registro de una marca en los siguientes casos:

  1. Cuando el registro hubiese sido concedido en contravención del Artículo 346;
  2. Cuando el registro hubiese sido efectuado de mala fe; o,
  3. Cuando el registro hubiese sido efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esta acción prescribirá a los cinco años desde la fecha de concesión del registro.


Artículo 375.- Impedimento para declarar nulidad del registro de marca.- No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.


Artículo 376.- Nulidad parcial.- Cuando una causal de nulidad sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.


Artículo 377.- Procedimiento de la acción de nulidad.- En los casos de nulidad, se notificará a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten las pruebas que estimen convenientes.

Los argumentos y pruebas a que se refiere el inciso anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Antes del vencimiento del plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales decidirá sobre la nulidad de la marca, lo cual notificará a las partes mediante resolución.


Artículo 378.- Independencia de la acciones por daños y perjuicios.- Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios.


Sección VI: De la caducidad del registro

Artículo 379.- Caducidad del registro de marca.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo, con lo establecido en el Artículo 351.


Capítulo VII: De los lemas comerciales

Artículo 380.- Definición.- Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.


Artículo 381- Registro de lemas comerciales.- Podrán registrarse los lemas comerciales que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.


Artículo 382.- Contenido de la solicitud de registro de lemas comerciales.- Sin perjuicio de otros requisitos que se determinen en el reglamento, la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar el registro de marca o la solicitud de marca en trámite a la cual el lema complemente.


Artículo 383.- De la transferencia o licencia.- La transferencia o licencia de un registro de lema comercial o de una solicitud en trámite de registro deberá realizarse conjuntamente con el registro de marca o la solicitud de registro de marca en trámite a la cual el lema complemente.


Artículo 384.- Vigencia del registro.- La vigencia del registro de un lema comercial estará sujeta a la vigencia del registro de marca a la cual el lema complemente.


Artículo 385.- Pruebas para el uso de lema comercial.- Serán aplicables a los lemas comerciales, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título.

En cuanto a la prueba del uso de un lema comercial, deberá demostrarse dicho uso conjuntamente con el de la marca a la cual el lema complemente. Las pruebas de uso de un lema comercial podrán comprender, además de las mencionadas de en el Artículo 366, cualesquiera otras que demuestren su utilización en publicidad o en el mercado.


Capítulo VIII: De las marcas colectivas

Artículo 386.- Definición.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sea apto para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a dos o más personas o empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.


Artículo 387.- De los titulares de las marcas colectivas.- Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, cooperativas y demás organizaciones que conforman la economía popular y solidaria, legalmente establecidas, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.


Artículo 388.- Requisitos y procedimiento para el registro de marca colectiva.- La solicitud para registro de una marca colectiva se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud.


Artículo 389.- Transferencia o licencia de marca colectiva.- El registro de una marca colectiva o una solicitud en trámite de registro podrá ser objeto de transferencia o licencia de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización, grupo, cooperativa u organización.

En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización, grupo, cooperativa u organización. No se podrán otorgar sublicencias.

Deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre una marca colectiva concedida o una solicitud en trámite de concesión. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción.


Artículo 390.- Aplicación.- Serán aplicables a las marcas colectivas, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título.


Capítulo IX: De las marcas de certificación

Artículo 391.- Definición.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad, origen u otra característica ha sido certificada por el titular de la marca.


Artículo 392.- Titulares.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.


Artículo 393.- De la reglas de uso de la marca.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberán acompañarse las reglas de uso de la marca. Sin perjuicio de otros requisitos que se establezcan en el reglamento correspondiente, dichas reglas indicarán los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por parte del titular, definirán las características garantizadas por la presencia de la marca, y describirán la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

Las reglas de uso se inscribirán junto con la marca, al igual que todas sus modificaciones. Dicha inscripción se hará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La falta de inscripción ocasionará que la modificación no surta efectos frente a terceros.


Artículo 394.- Autorización de marca de certificación.- Sin perjuicio de las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, el titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en las reglas de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.


Artículo 395.- Aplicación.- Serán aplicables a las marcas de certificación, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título.


Sección I: De la marca país

Artículo 396.- Definición.- Se entenderá por marca país todo signo destinado a distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socio-económica y política, la biodiversidad, la imagen, la reputación y otros valores del país, a través de los productos y servicios identificados con ella.

Artículo 397.- Declaratoria de marca país.- La declaratoria de marca país se realizará mediante decreto ejecutivo o acuerdo ministerial.


Artículo 398.- Uso de signos de la marca país.- Los signos de los que trata este Capítulo serán de titularidad del Estado, que la ejercerá a través del órgano competente. La institución que haya declarado un signo distintivo como marca país, se encargará de los procesos de declaratoria, solicitud, difusión, capacitación, uso y control de dichos signos.

Su uso se autorizará mediante licencias gratuitas e intransferibles de conformidad con el respectivo reglamento de uso de la marca país.


Artículo 399.- Del registro independiente.- Serán aplicables a la marca país, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título, según se establezca en el reglamento correspondiente.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales registrará los signos de los que trata este Capítulo en un registro independiente. Sin autorización del órgano competente indicado en el Artículo 398, ninguna persona podrá utilizar dichos signos.


Capítulo X: De los nombres comerciales

Artículo 400.- Definición.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares.

Una persona o establecimiento mercantil podrá tener más de un nombre comercial. Pueden constituir nombre comercial, entre otros, una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.


Artículo 401.- Registro declarativo del nombre comercial.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, y terminará cuando cese el uso del nombre o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.

Los nombres comerciales podrán registrarse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. El registro tendrá carácter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, el registro constituirá una presunción de propiedad a favor de quien hubiere obtenido tal registro. Esta presunción admitirá prueba en contrario.

En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.


Artículo 402.- Renuncia al registro: El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su solicitud ante la oficina nacional competente.


Artículo 403.- Signos no protegibles ni registrables del nombre comercial.- No se protegerá ni podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

  1. No pueda constituir nombre comercial conforme al primer párrafo del Artículo 400;
  2. Cuando sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
  3. Cuando consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste;
  4. Cuando su uso sea susceptible de causar confusión o engaño en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la persona que lo usa;
  5. Cuando su uso sea susceptible de causar confusión o engaño en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la persona produzca o comercialice; y,
  6. Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.


Artículo 404.- Remisión.- El reglamento correspondiente establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, entre otros, para el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones, y la concesión o denegación de la solicitud. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas.


Artículo 405.- Vigencia del registro de nombre comercial.- El registro de un nombre comercial tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse, previo prueba de uso, por períodos sucesivos de diez años.


Artículo 406.- Derechos del titular.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con dicho titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, el titular podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar cuando ello pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del nombre, o por razón del aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o del titular.


Artículo 407.- Transferencia de nombre comercial.- La transferencia de un nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa en la cual se desarrollare la actividad identificada mediante el nombre comercial.


Artículo 408.- Aplicación.- Serán aplicables a los nombres comerciales, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título.


Capítulo XI: De los rótulos o enseñas

Artículo 409.- Definición.- Se entenderá por rótulo o enseña cualquier signo que sea apto para distinguir un establecimiento de comercio.


Artículo 410.- Protección y registro de rótulo o enseña.- La protección y registro de los rótulos o enseñas se regirán por las disposiciones relativas a los nombres comerciales.


Sección I: De las apariencias distintivas

Artículo 411.- Definición.- Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio, que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos.


Artículo 412.- Protección y registro de apariencias distintivas.- La protección y registro de las apariencias distintivas se regirán por las disposiciones relativas a las marcas.


Capítulo XII: De las denominaciones de origen

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 413.- Definición.- Se entenderá por denominación de origen la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos.


Artículo 414.- Signos no protegibles.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que:

  1. No se ajusten a la definición del artículo anterior;
  2. Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
  3. Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos;
  4. Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general en el territorio ecuatoriano;
  5. Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen; y,
  6. En relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995.


Sección II: De la declaración de protección

Artículo 415.- De la declaración.- Una denominación de origen se protegerá a partir de la declaración que al efecto emita la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Artículo 416.- Del legítimo interés.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la producción, extracción o elaboración del producto o de los productos que se pretenda designar con la denominación de origen, así como a las asociaciones integradas por dichas personas. Las autoridades públicas de la administración central o autónoma descentralizada también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.


Artículo 417.- Remisión.- El reglamento correspondiente establecerá los requisitos de la solicitud. Admitida a trámite, se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas, en lo que fuere pertinente.


Artículo 418.- Vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Se podrá resolver el término de su vigencia si tales condiciones no se hubiesen mantenido. Sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar en contra de dicha resolución, los interesados podrán solicitar nuevamente la declaración de protección cuando consideren que se han restablecido las condiciones para su protección.


Artículo 419.- Modificación de la declaración de protección.- La declaración de protección podrá ser modificada en cualquier tiempo de conformidad con lo que determine este Código y el correspondiente reglamento. La modificación se sujetará al procedimiento para la declaración de protección, en cuanto corresponda.


Sección III: De la autorización de uso

Artículo 420.- De la autorización.- Las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos designados por una denominación de origen protegida y realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica determinada en la declaración de protección respectiva, podrán solicitar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, autorización para usar dicha denominación de origen. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento que se expida para el efecto.

Cuando la autoridad competente en materia de derechos intelectuales lo estime apropiado para el examen de la solicitud, podrá requerir información o documentos a las personas, asociaciones o autoridades, según corresponda.


Artículo 421.- Remisión.- El reglamento correspondiente establecerá los requisitos de la solicitud. Admitida a trámite, se aplicará el procedimiento previsto en el mismo.


Artículo 422.- Vigencia de la autorización de uso.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años pudiendo ser renovada por períodos iguales de forma indefinida.

Serán aplicables a la renovación de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la renovación y caducidad del registro de marcas.


Artículo 423.- Cancelación de la autorización de uso.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de parte, cancelará la autorización de uso cuando la denominación de origen se utilice en el comercio de una manera que no corresponda con la respectiva declaración de protección.

Serán aplicables a la cancelación de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la cancelación del registro de marcas.


Artículo 424.- Nulidad de la autorización de uso.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales declarará, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen si hubiese sido concedida en contravención de las normas del presente Capítulo.

Serán aplicables a la nulidad de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la nulidad del registro de marcas.


Sección IV: De los derechos y limitaciones

Artículo 425.- Reserva de uso.- La utilización de una denominación de origen protegida con relación a los productos designados por ella queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción, extracción o elaboración en la zona geográfica que se designa con dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen protegida podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Serán aplicables a las denominaciones de origen protegidas, en lo que fuere pertinente, las disposiciones de los artículos 352 al 357.


Artículo 426.- Autorización de funcionamiento.- La oficina nacional competente podrá autorizar el funcionamiento como agrupación de beneficiarios u oficina reguladora a aquellas organizaciones, cualquiera que sea su forma jurídica o asociativa y siempre que estén legalmente reconocidas, que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.

Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.


Artículo 427.- Prohibición de uso.- Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida por parte de personas que no sean de aquéllas mencionadas en el inciso primero del Artículo 425 cuando dicha utilización pueda originar un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos.


Artículo 428.- Denominación de origen de vinos y bebidas espirituosas.- Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras similares.


Artículo 429.- Limitaciones a los derechos.- La protección establecida en la presente Sección no se extenderá al uso continuado y similar de una determinada denominación de origen de otro país que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con productos o servicios, cuando esa denominación de origen hubiese sido utilizada en el país de manera continua para esos mismos productos o servicios u otros afines durante diez años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.


Sección IV: Del reconocimiento de protección

Artículo 430.- Denominaciones de origen de un país miembro de la Comunidad Andina.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá reconocer la protección de denominaciones de origen protegidas en otro país miembro de la Comunidad Andina cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de dichos países.

A los efectos del inciso anterior, no se protegerán las denominaciones de origen que no estuvieren protegidas o hubiesen dejado de estarlo en su país de origen, o que hubiesen caído en desuso en ese país.


Artículo 431.- Denominaciones de origen de otros países.- Tratándose de denominaciones de origen protegidas en países diferentes de los señalados en el artículo anterior, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá reconocer la protección de dichas denominaciones, siempre que ello estuviere previsto en algún convenio internacional vigente para el Ecuador.

A los efectos del inciso anterior, no se protegerán las denominaciones de origen que no estuvieren protegidas o hubiesen dejado de estarlo en su país de origen, o que hubiesen caído en desuso en ese país.


Artículo 432.- Subsistencia de la Protección.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en el presente Capítulo no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el Ecuador o en el país de origen.


Capítulo XIII: De las indicaciones de procedencia

Artículo 433.- Definición.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.


Artículo 434.- Restricciones de uso.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuere falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituirá uso de una indicación de procedencia en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.


Artículo 435.- Divulgación del origen.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando estos provinieran de un país, región, localidad o lugar diferente, siempre que dicho nombre o domicilio se presentare acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país, región, localidad o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.


Artículo 436.- Del procedimiento.- El procedimiento para el trámite de la solicitud será el mismo señalado para el de indicaciones geográficas, con las salvedades que establezca el reglamento respectivo.


Capítulo XIV: De los signos distintos notoriamente conocidos

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 437.- Definición.- Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.


Artículo 438.- Factores.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes factores:

  1. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país o de cualquier país miembro de la Comunidad Andina;
  2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país o de cualquier país miembro de la Comunidad Andina;
  3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera del país o de cualquier país miembro de la Comunidad Andina, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
  4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique;
  5. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, en cualquier país miembro de la Comunidad Andina o en el país;
  6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
  7. El valor contable del signo como activo empresarial;
  8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina;
  9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país;
  10. Los aspectos del comercio internacional; y,
  11. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.


Artículo 439.- Factores especiales.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho de que:

  1. No se encuentre registrado o en trámite de registro en el país o en el extranjero;
  2. No hubiese sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar establecimientos o actividades en el país; y,
  3. No sea notoriamente conocido en el extranjero.


Artículo 440.- Sectores pertinentes.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

  1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
  2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
  3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de productos, servicios, establecimiento o actividad a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo, bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.


Sección II: De los derechos y limitaciones

Artículo 441.- Ámbito de protección.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Capítulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de este Título que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal.

No habrá lugar a dicha protección respecto de signos distintivos que hubieren sido usados o registrados, o cuya solicitud de registro se hubiere presentado antes de que el signo distintivo notoriamente conocido haya alcanzado tal carácter en el país o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, salvo los casos en los que el signo distintivo se hubiere usado o registrado, o cuya solicitud de registro se hubiere presentado de mala fe.


Artículo 442.- Derechos del titular del signo distintivo.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción del mismo, susceptible de crear confusión, en relación con productos, servicios, establecimientos o actividades idénticos o similares a los que se aplique.

También tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción del signo, aun respecto de productos, servicios, establecimientos o actividades diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

  1. Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus productos, servicios, establecimientos o actividades;
  2. Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
  3. Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.


Artículo 443.- Aplicación.- Serán aplicables a los signos distintivos notoriamente conocidos los artículos 352 al 356 de este Título.


Artículo 444.- Buena fe.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.


Artículo 445.- Prescripción de la acción por el uso no autorizado del signo distintivo.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción.


Artículo 446.- Cancelación o modificación de un nombre de dominio.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular de ese signo, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales ordenará, sea al organismo ante el cual se inscribió el nombre o dirección o a quien hubiese realizado tal inscripción, la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, o su transferencia a favor del titular del signo, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el Artículo 442.


Artículo 447.- Cancelación de registro de una marca.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad o las demás disposiciones sobre cancelación de un registro de marca, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.


Título IV: De las obtenciones vegetales

Sección I: De los requisitos de protección

Artículo 448.- Materia protegible.- La protección establecida en el presente Título se extiende a las variedades pertenecientes a todos los géneros y especies vegetales siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentre prohibido por razones de salud humana, animal o vegetal, soberanía alimentaria y seguridad ambiental.


Artículo 449.- Requisitos de protección.- Se otorgará certificado de obtentor a la persona que haya creado una variedad vegetal, cuando esta sea nueva, distinta, homogénea y estable, y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

A estos efectos, se entiende por crear la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.


Artículo 450.- Organismos genéticamente modificados.- Cuando se solicitare un certificado de obtentor para una variedad que estuviese comprendida dentro del alcance de la normativa vigente sobre organismos vegetales genéticamente modificados, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales informará a los organismos nacionales competentes sobre la solicitud presentada, para los fines consiguientes.


Artículo 451.- Novedad.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación de la variedad, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado a un tercero, por el obtentor o su derechohabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde en los siguientes casos:

  1. Si la explotación en el país o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina hubiere comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada; o,
  1. Si la explotación en cualquier otro país hubiere comenzado por lo menos cuatro años o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.


Artículo 452.- Conservación de la novedad.- La novedad no se pierde por la venta o entrega del material de la variedad a un tercero cuando tales actos:

  1. Sean el resultado de un acto ilícito o un abuso cometido en detrimento del obtentor o de su derechohabiente;
  2. Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre que ello no implique que el material de la variedad se entregue a un tercero con fines de explotación comercial;
  3. Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación, siempre que las existencias multiplicadas se mantengan bajo el control del obtentor o de su derechohabiente y, que dichas existencias no sean utilizadas para producir comercialmente otra variedad;
  4. Sean parte de un acuerdo entre el obtentor y un tercero conforme al cual éste realizó pruebas de campo, de laboratorio o de procedimiento en pequeña escala para evaluar la variedad;
  5. Tengan por objeto el material de cosecha de la variedad que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de las actividades mencionadas en los numerales 3 y 4 del presente artículo, a condición de que ese producto sea vendido o entregado sin identificación; o,
  6. Se realicen en cumplimiento de una obligación legal, en particular, por lo que atañe a la seguridad ambiental o a la inscripción de la variedad en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización.


Artículo 453.- Distinción.- Una variedad será considerada distinta si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

En particular, la presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del derecho de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares hará notoriamente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del derecho o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como explotación de la variedad ya en curso, inscripción de la variedad en un registro de variedades mantenido por una asociación profesional legal y técnicamente reconocida, o presencia de la variedad en una colección de referencia.


Artículo 454.- Homogeneidad.- Una variedad será considerada homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.


Artículo 455.- Estabilidad.- Una variedad será considerada estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación.


Artículo 456.- Denominación genérica.- La variedad objeto de una solicitud de certificado de obtentor, será designada con una denominación destinada a ser su designación genérica.

Ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculizará la libre utilización de esta denominación en relación con la variedad, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La denominación de la variedad se indicará en la solicitud de certificado de obtentor. Si esa denominación no cumpliera con las condiciones establecidas se requerirá al solicitante que proponga otra denominación. Mientras no se cumplan esas condiciones, no se concederá el certificado de obtentor.

Una variedad sólo podrá ser objeto de una solicitud de certificado de obtentor en el Ecuador bajo la misma denominación utilizada para esa variedad en otros países miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV-. Sin embargo, si se comprobare la inconveniencia o imposibilidad de usar esa denominación en el Ecuador por existir algún derecho anterior u otro impedimento legal, se requerirá al solicitante que proponga otra denominación.

Quien importare o comercializare en el país, o exportare desde el país, el material de una variedad protegida en el Ecuador estará obligado a utilizar la denominación de la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor sobre esa variedad.

Cuando se ofrezca a la venta o se comercialice en el país el material de una variedad protegida, se podrá usar conjuntamente con la denominación de la variedad una marca, un nombre comercial o una indicación geográfica. En cualquier caso, la denominación de la variedad deberá ser fácilmente reconocible.

Los requisitos que debe cumplir la denominación genérica se establecerán en el reglamento correspondiente.


Sección II: De los titulares

Artículo 457.- Titulares.- El derecho al certificado de obtentor pertenece al obtentor de la variedad. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.

Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han creado conjuntamente una variedad, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus derechohabientes.


Artículo 458.-Obtenciones en centros educativos y de investigación.- Se aplicará el Artículo 262 de este Código cuando la variedad se hubiere obtenido en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en dicho artículo.


Artículo 459.- Obtenciones desarrolladas en cumplimiento de un contrato.- Se aplicará el Artículo 263 de este Código cuando la variedad se hubiere obtenido en cumplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral.


Sección III: De la solicitud

Artículo 460.- Derecho de prioridad.- La primera solicitud de protección de una variedad válidamente presentada en un país miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV-, en un país miembro de la Comunidad Andina o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina conferirá al solicitante o a su derechohabiente un derecho de prioridad por el plazo de doce meses para presentar su solicitud de protección para la misma variedad en el Ecuador. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

A los efectos de lo previsto en el inciso anterior, el solicitante deberá reivindicar en la solicitud la prioridad de la primera solicitud, indicando la fecha, el número y la oficina de presentación de dicha primera solicitud así como la indicación del instrumento jurídico pertinente.


Sección IV: Del trámite de la solicitud

Artículo 461.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para el registro de una obtención vegetal se presentará ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento. De igual forma, se establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud en el reglamento correspondiente.

Sección V: De los derechos y limitaciones

Artículo 462.- Vigencia del certificado de obtentor.- El certificado de obtentor tendrá un plazo de duración de dieciocho años para el caso de las variedades de vides y de árboles forestales, frutales y ornamentales, incluidos sus portainjertos, y de quince años para las demás variedades, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.


Artículo 463.- Obligaciones del obtentor.- Durante el plazo de vigencia del certificado del obtentor, su titular tendrá la obligación de mantener y, cuando fuere necesario, reponer el material de la variedad objeto de su certificado.


Artículo 464.- Derechos del titular.- El certificado de obtentor confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad ornamental protegida:

  1. Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
  2. Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
  3. Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación;
  4. Exportación o importación; y,
  5. Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los numerales precedentes.

También confiere el derecho a impedir los actos indicados en los literales anteriores respecto de las plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

Asimismo, confiere el derecho a impedir la utilización comercial de las plantas o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales o partes de plantas ornamentales.


Artículo 465.- Efecto del derecho concedido al obtentor.- El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa los siguientes actos:

  1. La producción con fines comerciales;
  2. La puesta a la venta; y,
  3. La comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad.

También confiere el derecho a impedir los actos indicados en los numerales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de producción de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.


Artículo 466.- Aplicación.- Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán también:

  1. A variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida; y,
  2. A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.


Artículo 467.- Excepciones.- No lesiona los derechos del titular de un certificado de obtentor quien reserve, reproduzca, multiplique o siembre el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida, o de una variedad esencialmente derivada de ella, cuando tales actos se realizaran:

  1. Para su propio uso;
  2. Para vender o intercambiar, sin fines de lucro ese producto como materia prima o alimento;y,
  3. En el contexto de prácticas de agricultura ancestrales o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, inclusive para vender o intercambiar, sin fines de lucro semillas u otro material de esa variedad.

Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.


Artículo 468.- Limitaciones al derecho del obtentor.- El certificado de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros realicen los siguientes actos con respecto a la variedad protegida:

  1. Actos realizados en el ámbito privado y sin fines comerciales;
  2. Actos realizados con fines de experimentación;
  3. Actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica; y,
  4. Actos realizados para obtener una nueva variedad, y los actos indicados en el Artículo 464 con respecto al material de reproducción o de multiplicación de la nueva variedad así obtenida, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida.


Artículo 469.- Del agotamiento del derecho.- El certificado de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos respecto al material de su variedad o de una variedad prevista en el Artículo 464, o al material derivado de dicho material, después de que ese material se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello, a menos que esos actos:

  1. Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad para producir material destinado a comercializarse como material de reproducción o de multiplicación; o,
  2. Impliquen una exportación del material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie a la que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

A efectos del presente artículo, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la variedad o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.


Artículo 470.- Transferencia o licencia de la solicitud o certificado.- Un certificado de obtentor o una solicitud en trámite podrá ser objeto de transferencia o licencia para la explotación de la variedad.

Toda transferencia, autorización de uso o licencia de un certificado de obtentor vegetal o una solicitud en trámite de concesión, deberá constar por escrito e inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y, se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia o licencia.


Artículo 471.- Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribirá los contratos a través de los cuales un certificado de obtentor o una solicitud en trámite sea objeto de transferencia o licencia para la explotación de la variedad cuando dichos contratos no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma.

Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.


Artículo 472.- Modificaciones al registro.- El titular de certificado de obtentor deberá inscribir ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular, de su representante o apoderado. Cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.


Sección VI: De la cancelación

Artículo 473.- De la cancelación.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales declarará, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier momento, la cancelación del certificado de obtentor en los siguientes casos:

  1. Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad; y,
  2. Cuando el obtentor no presentare la información y los documentos necesarios que demuestren el mantenimiento de las condiciones referidas en el numeral precedente o no efectúe la reposición del material de la variedad protegida en la forma y plazos requeridos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales; y,
  3. Cuando con posterioridad a la concesión del certificado de obtentor se hubiese declarado improcedente la denominación inicialmente asignada a la variedad y el titular del certificado no cumpliera con presentar una nueva denominación adecuada dentro del plazo establecido por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.


Sección II: De la renuncia

Artículo 474.- Renuncia al certificado.- El titular de un certificado de obtentor podrá renunciar, en cualquier momento, a sus derechos mediante declaración dirigida a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La renuncia surtirá efectos desde su fecha de presentación.


Artículo 475.- Nulidad del certificado.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de persona interesada, en cualquier momento, declarará la nulidad de un certificado de obtentor, en los siguientes casos:

  1. Si la variedad objeto del certificado de obtentor no cumplía con los requisitos de novedad, distinción, estabilidad y homogeneidad al momento de la concesión del certificado;
  2. Si el certificado hubiese sido otorgado a favor de quien no tenía derecho al mismo;
  3. De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del contrato de acceso, cuando la variedad ha sido obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que el Ecuador o cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen;
  4. Si se configurasen las causales de nulidad previstas en la ley para los actos administrativos; o,
  5. Si el certificado hubiese sido otorgado con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido con base en datos, informaciones o documentos erróneos o falsos.


Sección IX: De la caducidad

Artículo 476.- Vigencia del certificado y caducidad.- Para mantener vigente el certificado de obtentor, deberán pagarse las tasas anuales correspondientes, caso contrario el certificado caducará de pleno derecho.

El pago deberá realizarse dentro de los cuatro primero meses de cada año. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, el certificado mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad del certificado.


Sección X: Del régimen de licencias obligatorias

Artículo 477.- De la declaratoria de libre disponibilidad.- Previo declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá declarar una variedad objeto de un certificado de obtentor de libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el titular de ese certificado.

La autoridad competente en materia de derechos intelectuales determinará el monto de la compensación, previa audiencia de las partes e informe pericial, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la licencia.


Artículo 478.- Explotación de la variedad de libre disponibilidad.- Durante la vigencia de la declaración de libre disponibilidad, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales permitirá la explotación de la variedad a las personas interesadas que ofrezcan garantías técnicas suficientes y se registren para tal efecto ante ella.


Artículo 479.- Vigencia de la declaratoria de variedad de libre disponibilidad.- La declaración de libre disponibilidad permanecerá vigente mientras subsistan las causas que la motivaron y hasta un plazo máximo de dos años prorrogables por una sola vez y hasta por igual tiempo, si las condiciones de su declaración no han desaparecido al vencimiento del primer plazo.

Artículo 480.- De las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.- De oficio o a petición de parte, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia como contrarias a la normativa correspondiente, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular del certificado de obtentor.

En estos casos, para determinar el importe de la remuneración en beneficio del titular del certificado, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.


Artículo 481.- Licencia obligatoria para el titular de una patente.- Cuando el titular de una patente de invención no pudiera explotar comercialmente la invención sin utilizar una variedad protegida por un certificado de obtentor, podrá solicitar una licencia obligatoria sobre esa variedad en la medida en que fuese necesario para explotar esa invención.

En este caso, el titular del certificado de obtentor tendrá derecho a una licencia obligatoria recíproca para utilizar la invención patentada en cuanto fuese necesario para explotar la variedad protegida.

La licencia obligatoria que se concediera sólo podrá transferirse con la patente o el certificado cuya explotación necesita la licencia.


Artículo 482.- Remisión.- Serán aplicables a las licencias obligatorias previstas en este artículo, en lo que fuere pertinente, las disposiciones de la Sección X del Capítulo II del Título III de este Código.


Título V: De Otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual

Artículo 483.- Información no divulgada.- La información no divulgada goza de una protección eficaz contra su divulgación a terceros y ante prácticas desleales.


Artículo 484.- Datos de Prueba.- Los datos de prueba gozarán de protección como información no divulgada, en la medida en que la información sea secreta, tenga un valor comercial y se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27 número 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

La autoridad competente podrá solicitar la presentación de datos de prueba o información no divulgada a los efectos de evaluar la seguridad y eficacia alegada en una solicitud de comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas si no existieran estudios o documentos sobre identidad físico química y farmacocinética o bioequivalencia o registros sanitarios o sus equivalentes obtenidos en el extranjero homologables, de conformidad con lo establecido en la Ley y reglamentación respectiva.


Título VI: De los conocimientos tradicionales

Artículo 485.- Conocimientos tradicionales.- Son todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. Son conocimientos tradicionales, entre otros, los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales.

Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos que han sido desarrollados a partir de la estrecha relación de los seres humanos con el territorio y la naturaleza.

El reconocimiento y la protección de derechos colectivos sobre el componente intangible y las expresiones culturales tradicionales serán complementarios a las normas sobre acceso a recursos genéticos, patrimonio cultural, y otras relacionadas.


Artículo 486.- Del reconocimiento de los conocimientos tradicionales.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte, se reconocen los derechos colectivos de los legítimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales. Estos derechos son imprescriptibles, inalienables e inembargables y forman parte de la identidad cultural de sus legítimos poseedores.

La protección de estos conocimientos se hará de acuerdo a sus propias costumbres, instituciones y prácticas culturales, la Constitución y los Tratados Internacionales que rijan la materia, coadyuvando al fortalecimiento de sus estructuras tradicionales internas. Bajo esta forma de protección, los legítimos poseedores tienen, entre otros, derecho a mantener, fomentar, gestionar, enriquecer, proteger, controlar, innovar y desarrollar sus conocimientos tradicionales conforme a sus usos, prácticas, costumbres, instituciones y tradiciones, así como a impedir o detener el acceso, uso y aprovechamiento indebido a estos conocimientos.

Los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales son susceptibles de las medidas de observancia pertinentes ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo a lo establecido en el presente Código y su reglamento.

De igual manera, se reconocen estos derechos a las personas pertenecientes a las comunidades, pueblos y nacionalidades en igualdad y equidad de condiciones y sin discriminación de género.


Artículo 487.- Legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales.- Para efectos del presente Código, se entenderá por legítimos poseedores a las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente reconocidas que habitan en el territorio nacional.


Artículo 488.- De los conocimientos tradicionales compartidos.- Se reconoce la protección de los conocimientos tradicionales compartidos entre comunidades, pueblos y nacionalidades asentados en un mismo ámbito geográfico a todos sus legítimos poseedores. Cada legítimo poseedor podrá ejercer libremente sus derechos colectivos.


Artículo 489.- De los habitantes en zonas distintas a sus territorios originarios.- Las personas o grupos pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades y que se encuentren fuera del territorio originario o de permanencia habitual mantendrán sus derechos colectivos, siempre que no se perjudique a los legítimos poseedores.


Artículo 490.- De los legítimos poseedores transfronterizos.- En el caso de los legítimos poseedores cuyos territorios sean originarios o de permanencia habitual, o que sus conocimientos tradicionales sean transfronterizos, estas situaciones no afectarán el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en el presente Código.


Artículo 491.- Derecho de libre determinación.- Se reconoce la potestad y el ejercicio en la toma de decisiones sobre los conocimientos tradicionales a los legítimos poseedores de acuerdo a su libre determinación y sus propias formas de convivencia, organización social, instituciones, generación y ejercicio de la autoridad.


Artículo 492.- De lo protegible.- Se consideran conocimientos tradicionales, entre otros, los siguientes:

  1. Desarrollo de los conocimientos sobre salud y práctica de métodos para curaciones, tratamientos médicos y sanación, así como la producción y uso de medicamentos mediante la elaboración de farmacopea, fito farmacología o farmacología;
  2. Ceremonias, rituales, técnicas y prácticas tradicionales de la salud para la sanación y la curación realizadas dentro y fuera de su ámbito cultural;
  3. Conocimientos sobre la clasificación, caracterización, ubicación territorial taxonomía y uso de la flora y fauna útiles para la medicina ancestral, tradicional o moderna;
  4. Conocimientos, prácticas, técnicas, tecnologías y actividades para preparar y efectuar combinaciones de principios activos, tanto de flora y fauna, en la administración y gestión de la medicina ancestral;
  5. Conocimiento sobre la preparación, proceso y almacenamiento de especies útiles así como la conservación, selección y uso de semillas;
  6. Formas de preparación del suelo y labranza además del manejo de tecnologías agrícolas y agropecuarias;
  7. Conocimientos tradicionales sobre las propiedades de la tierra, suelos, minerales, flora, fauna, recursos hídricos, sus usos y prácticas;
  8. Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados, agro forestería, manejo de ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas hidrográficas; conocimientos, técnicas y procedimientos para establecer compuestos para la elaboración de productos alimenticios, dietéticos, colorantes y cosméticos y sus derivados;
  9. Conocimientos sobre funciones y conservación de ecosistemas para la adaptación y mitigación al cambio climático.
  10. Procedimientos de elaboración y producción de obras de arte, diseños y pintura, cerámicas, tejidos, escrituras, danzas, cantos tradicionales y otras expresiones de transmisión de sus costumbres y tradiciones;
  11. Cerámicas, artesanías, tejidos y diseños y, la indumentaria tradicional, así como sus accesorios;
  12. Creaciones artísticas, literarias, leyendas, mitos y rituales tradicionales o sagrados y otras formas de manifestación y expresión de su cosmovisión;
  13. Ceremonias relacionadas con sitios sagrados o de cultos en cuanto a su cosmovisión, espiritualidad y creencias;
  14. Tecnologías e innovaciones científicas y artísticas;
  15. Diseños y símbolos tradicionales, petroglifos, pintura rupestre, materiales tradicionales y sus procesos de producción;
  16. Música, instrumentos musicales, danzas y sus formas de ejecución;
  17. Deportes, recreación y juegos tradicionales; y,
  18. Arquitectura, procedimientos, materiales, técnicas y tecnologías de construcción tradicional, entre otros.

En general, se protegen todos los conocimientos tradicionales, que sean definidos como tales por sus legítimos poseedores, que expresen la genuinidad de las tradiciones ancestrales, así como las que provengan de la práctica milenaria de las propias comunidades, los cuales constituyen, tanto de forma oral como escrita, su tradición histórica, cosmológica y cultural.


Artículo 493.- Forma de Protección.- Se garantiza la protección efectiva y positiva de los conocimientos tradicionales contra el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no autorizados, expresada en los mecanismos de prevención, monitoreo y sanción que se generen en el reglamento que se expedirá para el efecto. El reconocimiento de los derechos colectivos de los legítimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales no está sujeto a formalidad o registro alguno para efectos de garantizar su protección, vigencia y ejercicio, ya que éste radica en la legitimidad del ámbito comunitario.

Se promoverán mecanismos de fortalecimiento de capacidades locales sobre el derecho colectivo de los conocimientos tradicionales para su revitalización, promoción y protección.


Artículo 494.- Depósito voluntario de conocimientos tradicionales.- Los legítimos poseedores podrán realizar un depósito de sus conocimientos tradicionales ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Este depósito podrá ser de carácter confidencial y restringido al público a pedido de los legítimos poseedores. El objetivo de este depósito será evitar apropiaciones ilegítimas de dicho acervo cognitivo, así como también, será un medio de verificación para el reconocimiento de los derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales que puedan ser infringidos en cualquier solicitud de derechos de propiedad intelectual. El depósito de los conocimientos tradicionales no otorga al depositario ninguna autorización de concesión de uso y acceso para terceros sin la autorización expresa de los legítimos poseedores y detentores de tales conocimientos tradicionales y previo el cumplimiento de la norma correspondiente.

Previo a la concesión de derechos de propiedad intelectual, la autoridad competente en la materia deberá verificar la información a la que se refiere el párrafo anterior con el propósito de evitar la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se podrán compilar conocimientos tradicionales que se hayan hecho públicos con anterioridad.

La información del depósito, así como a la que se refiere el párrafo anterior, formarán parte del Sistema Nacional de Información de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos tradicionales.


Artículo 495.- De la custodia de los conocimientos tradicionales en el ámbito comunitario.- El Estado reconocerá y otorgará los recursos técnicos y económicos, previo solicitud de los legítimos poseedores, para el desarrollo de registros comunitarios de conocimientos tradicionales a ser gestionados y custodiados por las propias comunidades, bajo responsabilidad de sus autoridades competentes.


Artículo 496.- Acceso, uso y aprovechamiento indebidos.- El ejercicio de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales son exclusivos de sus legítimos poseedores y, a través de las medidas de observancia previstas en este Código y más normativa aplicable, pueden impedir el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no autorizados.


Artículo 497.- Conocimientos tradicionales y el dominio público: definición y tratamiento.- Los conocimientos tradicionales se encuentran en el dominio público cuando tales conocimientos y su información han salido fuera del ámbito cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y se encuentran depositados en fondos bibliográficos, bases de datos o en colecciones ex situ en centros de etnobotánica, obtenidos con o sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Sin embargo de la disposición precedente, el Estado reconoce el derecho de los legítimos poseedores sobre tales conocimientos tradicionales, el cual incluye el derecho a una justa y equitativa participación en los beneficios mediante términos mutuamente convenidos con los respectivos custodios y sus usuarios, sin perjuicio de que los mismos se encuentren protegidos por los regímenes de propiedad intelectual clásicos. El Estado establecerá los mecanismos más apropiados para hacer efectivo el cumplimiento de esta disposición resguardando el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades.


Artículo 498.- Apoyo del Estado a las iniciativas de los legítimos poseedores.- En respeto al derecho de libre determinación y de un desarrollo culturalmente apropiado de los legítimos poseedores, el Estado promoverá y apoyará el fortalecimiento de sus capacidades e iniciativas para la generación y mantenimiento de sus conocimientos tradicionales, y, de ser el caso, la investigación, y el desarrollo científico y tecnológico obtenido a partir de dichos conocimientos, reconociendo sus derechos intelectuales. Para el efecto destinará los recursos técnicos y financieros necesarios.


Artículo 499.- Uso de los conocimientos tradicionales por parte de los legítimos poseedores.- El Estado reconoce el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades al uso, goce y disposición de sus conocimientos tradicionales conforme a sus normas de convivencia cultural.

El Estado generará incentivos para que las comunidades, pueblos y nacionalidades fortalezcan sus propias iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.

Artículo 500.- Solicitudes de acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos tradicionales.- Las solicitudes para acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales deberán contar con el consentimiento previo, libre e informado de sus legítimos poseedores, dentro del cual se establecerá una repartición justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios. Esto sin perjuicio de los derechos que le corresponden al Estado cuando se trate de recursos genéticos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley.


Artículo 501.- Consentimiento libre, previo e informado.- Los legítimos poseedores de conformidad con sus normas consuetudinarias, e instituciones de representación legítima y legalmente constituidas, mediante mecanismos participativos, podrán autorizar a un tercero de forma libre, expresa e informada el acceso, uso o aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales, previo suministro por parte del interesado de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos, implicaciones, eventuales usos y aplicaciones futuras del conocimiento, previendo condiciones que permitan una justa y equitativa distribución de los beneficios obtenidos de dichos conocimientos.

El interesado deberá comprometerse a respetar los derechos colectivos, y, de ser el caso, a mantener confidencialidad en relación a la información, materiales, experiencias, métodos, instrumentos y demás elementos tangibles o intangibles relacionados a los conocimientos tradicionales. De la misma manera, se respetará el diálogo de saberes y la implementación de métodos culturalmente apropiados como elementos fundamentales de este consentimiento.

Para los casos en que la solicitud del consentimiento previo, libre e informado verse sobre un componente intangible asociado a recursos genéticos, los usuarios interesados presentarán un plan que detalle el acceso, uso y aprovechamiento de dichos componentes, ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como ente rector en materia de conocimientos tradicionales, de conformidad con lo que disponga el respectivo reglamento.

El consentimiento libre, previo e informado y la repartición justa y equitativa de beneficios monetarios y no monetarios serán prescritos por el reglamento dictado para el efecto, el cual debe considerar entre otros a las autoridades, instituciones y modos tradicionales de toma de decisiones de las comunidades, pueblos y nacionalidades, así como garantizar en la participación de las decisiones, una perspectiva intergeneracional y de género.


Artículo 502.- De la concesión o negativa.- La concesión y negativa del legítimo poseedor para autorizar el acceso, uso o aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales deberá ser registrada ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, a fin de que ésta pueda efectuar el control correspondiente sobre la decisión del legítimo poseedor.

A petición de parte, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación podrá asistir a las negociaciones que se efectúen para el otorgamiento de un consentimiento previo, y asesorara a los legítimos poseedores durante las mismas.


Artículo 503.- Contrato.- Una vez el interesado cuente con el consentimiento previo, libre e informado, se deberá suscribir un contrato por escrito, en idioma castellano y, de ser el caso, simultáneamente en la lengua materna de los legítimos poseedores.

En el caso de que la lengua materna no sea susceptible de ser registrada por escrito, el contrato se celebrará en idioma castellano como lengua de interrelación cultural.

En dicho contrato se establecerán los términos y condiciones sobre el uso, acceso o aprovechamiento de los conocimientos tradicionales, entre los cuales constarán obligatoriamente, la motivación pertinente en cuanto a los alcances y potenciales efectos internacionales que se prevén obtener; la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios, incluyendo el plan de sustentabilidad y sostenibilidad del conocimiento tradicional; y, las posibles autorizaciones o cesiones futuras.


Artículo 504.- Del registro de contratos.- Los contratos a los que se refiere el artículo anterior se inscribirán ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, quien los aprobará una vez que cuente con el criterio favorable de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de las entidades pertinentes en relación al ámbito de sus competencias. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Previo a la inscripción, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, principalmente, velará y verificará que exista el consentimiento previo, libre e informado y, un justo y equitativo beneficio para los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales, así como también, controlará el cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

En caso de que la autoridad competente en materia de derechos intelectuales considere que el contrato no contiene lo dispuesto en los párrafos precedentes o que pudiera causar un perjuicio para los legítimos poseedores, remitirá a estos sus observaciones y sugerencias a fin de que sean acogidas total o parcialmente y se modifique o ratifique el contrato.


Artículo 505.- Solución de controversias.- En caso de discrepancias o conflicto respecto de los acuerdos que se desprendan de un contrato de acceso, uso o explotación de conocimientos tradicionales, estos serán resueltos necesariamente en jurisdicción ecuatoriana y mediante los mecanismos más favorables para los legítimos poseedores.


Artículo 506.- Sanciones.- El acceso, uso o aprovechamiento indebido, de forma total o parcial, de los conocimientos tradicionales dará lugar a la aplicación de sanciones y medidas, para la cesación de los actos de infracción, para evitar que estos se produzcan y reparar sus posibles efectos.

La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las medidas que considere necesarias a fin de evitar o de cesar actos de infracción sobre derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales.

El consentimiento libre, previo e informado y la repartición justa y equitativa de beneficios monetarios y no monetarios serán prescritos por un reglamento dictado para el efecto, el cual debe considerar entre otros a las autoridades, instituciones y modos tradicionales de toma de decisiones de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Así como garantizar en la participación de las decisiones una perspectiva intergeneracional y de género.


Artículo 507.- Del Consejo Consultivo.- Para todo lo relacionado al presente título, se crea el Consejo Consultivo que contará con la participación de al menos los siguientes miembros: un representante de las nacionalidades y pueblos indígenas o su delegado, un representante del pueblo afroecuatoriano o su delegado, un representante del pueblo montubio o su delegado, un delegado por las instituciones de educación superior –IES-, un delegado de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la materia. En cuanto a su conformación y funcionamiento se estará a lo previsto en el reglamento respectivo.


Artículo 508.- De la gestión de los conocimientos tradicionales.- La autoridad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, destinará los fondos necesarios para la gestión del Sistema de Protección Especial de los Conocimientos Tradicionales.

La gestión de los conocimientos tradicionales comprende: investigación, desarrollo científico tecnológico, mecanismos de revitalización, promoción y protección, así como de la prevención de la pérdida y uso indebido de tales conocimientos.

Para el efecto, la autoridad competente expedirá un protocolo de acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales de obligatorio cumplimiento para las instituciones y actores del sistema.


Título VII: De la observancia

Capítulo I: Principios generales

Artículo 509.- De las acciones administrativas.- De conformidad con las disposiciones del presente Título, el titular de un derecho protegido u otra persona legitimada al efecto podrá entablar acciones administrativas contra cualquier persona que infrinja los derechos correspondientes. Podrá además accionar contra las personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Las acciones penales a que hubiere lugar se ejercerán de conformidad con la legislación pertinente.


Artículo 510.- Acciones de cotitulares.- En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar las acciones de las que trata el presente Título sin que sea necesario el consentimiento de los demás cotitulares, salvo disposición legal o acuerdo en contrario.


Artículo 511.- Presunción de derecho de autor.- Salvo prueba en contrario, para que el autor de una obra protegida en virtud del presente Libro sea admitido como tal ante cualquier autoridad administrativa, bastará que su nombre o seudónimo, o cualquier otra denominación que no deje dudas sobre su identidad, conste en la obra en la forma usual.


Artículo 512.- Protección de secretos empresariales.- En todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger dichos secretos. Únicamente la autoridad competente y los peritos designados tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea indispensable para la práctica de la diligencia de que se trate.

Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que este Código y otras leyes prescriben para la protección de los secretos empresariales.

En cualquier caso, la autoridad competente podrá abstenerse de ordenar a una de las partes del proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opinión de dicha autoridad, la revelación resulte impertinente a los fines del proceso.


Artículo 513.- De los peritos en procesos administrativos.- En los procesos administrativos, los peritos serán nombrados de entre los inscritos de la nómina que proporcionará el Consejo de la Judicatura.


Capítulo II: De los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual

Sección I: De la acción por infracción

Artículo 514.- Tipo de proceso.- La acción por infracción de derechos de propiedad intelectual se tramitará en juicio sumario de conformidad con las prescripciones del Código Orgánico General de Procesos.


Sección II: De la acción reivindicatoria

Artículo 515.- De la acción reivindicatoria.- Cuando una patente, un certificado de obtentor, un registro de diseño industrial o de esquema de trazado de circuito integrado se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá entablar acción reivindicatoria pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Asimismo, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá entablar acción reivindicatoria pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Esta acción se entiende sin perjuicio de las demás acciones previstas en este Libro.

Artículo 516.- Vía judicial de la acción reivindicatoria.- La acción reivindicatoria se tramitará en vía ordinaria de conformidad con las prescripciones de la norma general de procesos.


Sección III: De las medidas cautelares

Artículo 517.- Petición de medidas cautelares.- Se podrán solicitar medidas cautelares de conformidad al Código Orgánico General de Procesos.


Capítulo III: De los procesos administrativos en materia de propiedad intelectual

Sección I: De la competencia

Artículo 518.- Competencia en materia de propiedad intelectual.- El conocimiento de los procesos de los que trata este Capítulo corresponde a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Artículo 519.- Procedimiento en materia de propiedad intelectual.- Se aplicará el procedimiento dispuesto en este Capítulo, el reglamento correspondiente y, subsidiariamente las normas generales sobre procedimientos administrativos.


Sección II: De la tutela administrativa

Artículo 520.- De la tutela administrativa.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual.


Artículo 521.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o más de las siguientes medidas:

  1. Inspección;
  2. Requerimiento de información; y,
  3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.


Artículo 522.- De las inspecciones.- Las inspecciones se realizarán para comprobar la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Al momento de la diligencia, se notificará al presunto infractor el acto administrativo ordenado y, si fuese aplicable la solicitud de la parte afectada, como requisito para su validez y ejecución.

No se podrá ejecutar una inspección sin intervención de la otra parte, su representante, dependiente o encargado.


Artículo 523.- Otorgamiento de medidas cautelares al inicio del proceso.- Se ordenarán las medidas al avocar conocimiento de la acción, siempre que quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia.


Artículo 524.- Fianza u otra garantía suficiente.- Se podrá exigir al actor, atentas las circunstancias, que constituya fianza u otra garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. El reglamento correspondiente determinará las condiciones que deberán reunir la fianza o garantía.

Las solicitudes de medidas cautelares tendrán el carácter de reservadas y deberán calificarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción.


Artículo 525.- Disposición de medidas cautelares.- Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o mas de las siguientes medidas cautelares:

  1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
  2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción;
  3. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas  ;
  4. La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
  5. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.


Artículo 526.- Aplicación de las medidas cautelares.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

De tratarse de una presunta infracción a derechos de autor o derechos conexos, las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a modificación, revocación o confirmación conforme se dispone en el Artículo 530.

La aplicación de medidas cautelares será susceptible de impugnación en vía administrativa y judicial.


Artículo 527.- Peritos en la práctica de inspecciones.- Para la práctica de las inspecciones, se podrá ordenar la concurrencia de peritos y, en tal caso, su dictamen se emitirá en la misma diligencia, constará en el acta correspondiente y servirá para la ejecución de las medidas cautelares.


Artículo 528.- Presunción de infracciones de derechos de propiedad intelectual.- Cuando se presuma la infracción de derechos de propiedad intelectual o la inminencia de dicha infracción, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal infracción o su inminencia.

La información deberá ser entregada dentro del término de quince días desde la fecha de la notificación. La falta de contestación al requerimiento de información se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor.


Artículo 529.- Derecho a la defensa y término de prueba.- El presunto infractor podrá presentar sus argumentos de defensa dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que ordene la inspección o requerimiento de información.

La autoridad administrativa ordenará la apertura de un término de prueba de quince días. Durante dicho término, cualquiera de las partes podrá solicitar se convoque a una audiencia en la que estas podrán presentar sus alegatos. La audiencia se llevará a cabo luego de vencido el término de prueba.


Artículo 530.- Resolución motivada.- Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada.

Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días y con una multa de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional.

La autoridad competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones establecidas en este Título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.


Artículo 531.- Indemnización de daños y perjuicios por revocatoria de medidas cautelares.- En los casos en que las medidas cautelares sean revocadas o queden sin efecto por causa imputable al solicitante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la parte contra la cual se inició el proceso administrativo podrá demandar al actor, el pago de la indemnización de daños y perjuicios así como de las costas procesales.


Artículo 532.- Obstaculización en el cumplimiento de los actos.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales impondrá igual sanción a la establecida en el Artículo 538 a quienes injustificadamente obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por dicha autoridad, o no enviaren la información requerida dentro del término concedido.


Artículo 533.- Presunción de no contar con la debida autorización del autor.- Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación pública de una obra protegida por derechos de autor o una prestación protegida por derechos conexos sin que se hubiese obtenido la autorización correspondiente, el titular de los derechos podrá solicitar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se prohíba dicho acto, lo cual será ordenado inmediatamente. A tal efecto, se presumirá que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la debida autorización por la sola protesta de parte del titular de los derechos.


Artículo 534.- Auxilio de la Fuerza Pública.- La Policía Nacional está obligada a prestar a los funcionarios de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales el auxilio que estos soliciten para el cumplimiento de sus funciones.


Sección III: De las medidas en frontera

Artículo 535.- De la solicitud de las medidas en frontera.- El titular de un registro de marca que tuviera evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la importación o exportación de mercancías con marcas falsificadas podrá solicitar a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales suspender esa operación aduanera.


Artículo 536.- De las medidas en frontera.- Cuando se impongan medidas en frontera respecto a la importación o exportación de mercancías con marca falsificada, éstas se llevarán a cabo únicamente a solicitud de parte, previo la presentación de evidencia suficiente, así como una relación detallada de la presunta infracción. La autoridad competente en materia de derechos intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrá exigir la presentación de fianza o garantía que permita proteger al importador o exportador e impedir posibles abusos de derechos. No podrán llevarse a cabo medidas en frontera respecto a importaciones o exportaciones que no tengan escala comercial y aquellas insignificantes, tales como: las que no tengan carácter comercial o que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas. También se podrán llevar a cabo medidas de frontera respecto a mercancía pirata que lesionen el derecho de autor en los términos antes señalados.


Artículo 537.- Del procedimiento.- Las acciones de medidas en frontera se presentarán ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y demás normas que disponga el reglamento correspondiente.


Artículo 538.- Sanción.- Cuando la autoridad competente en materia de derechos intelectuales determinare mediante resolución motivada que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, sancionará al infractor con una multa de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y a los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional.